La defensa de Cobián solicita "el inmediato archivo de la causa" contra él
Según informó a EFE el letrado que se ocupa de su defensa, Ulises Bértolo, con el levantamiento del secreto de sumario se puso de manifiesto que Cobián "fue objeto de escuchas y grabaciones continuas" de sus comunicaciones telefónicas por parte del servicio de Vigilancia Aduanera, "durante ocho meses y sin ninguna autorización judicial".
A su juicio, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizaron "la autorización judicial que sí tenían para grabar y escuchar a otros implicados", para "grabar de forma indirecta las conversaciones que mantenían con Pablo Cobián, con la intención de dirigir la investigación también contra él".
En ese sentido, en el escrito presentado ante la instructora, la defensa razona que "sólo obteniendo tal autorización, con referencia expresa a Pablo Cobián y no a ningún otro, se podrían haber grabado sus conversaciones con el debido control judicial" y añade que ese permiso tendría que haberlo dado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), "al tratarse de un aforado".
"Sometidas al adecuado control, podrían haberse grabado la totalidad de las conversaciones de Pablo Cobián y sólo así se podría haber dado una correcta interpretación a sus manifestaciones, que de otro modo no reflejan en absoluto la realidad", explicó Bértolo.
Para la defensa, estas circunstancias suponen "la nulidad radical" de todas las "escuchas y grabaciones", pero también "de todas las diligencias practicadas en la instrucción en relación con Pablo Cobián", porque todas arrancan "en la información ilícitamente obtenida a través de la intervención de sus conversaciones privadas".
De hecho, el letrado recuerda que "en la exposición razonada que la instructora elevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se hace referencia como únicos supuestos indicios" de delito por parte del exdiputado autonómico "al contenido de esas conversaciones".
En la misma línea, la defensa de Cobián también solicita "la expulsión del proceso y la destrucción inmediata de todas las grabaciones y transcripciones privadas" de su patrocinado que "fueron obtenidas sin autorización judicial".
Bértolo afirmó que en una investigación penal "no todo vale" e insistió en que "en el momento en el que era escuchado y grabado", Pablo Cobián "era aforado", como miembro del Parlamento autonómico, de forma que sólo el TSXG era "competente para adoptar una medida como la intervención de sus comunicaciones".
En ese sentido, recordó que la propia jueza instructora, Estela San José, llegó a denegar "expresamente" que se pincharán los teléfonos de Cobián, por carecer de competencias para tomar esa decisión.
Sin embargo, "al final resulta que teniendo esa situación supuestamente privilegiada, Pablo Cobián acabó teniendo muchas menos garantías que cualquier ciudadano normal", añade.
"Confío en que la justicia pueda restablecer los derechos constitucionales de Pablo Cobián y, hasta que ello se produzca, no va a prestar ninguna declaración ante el Juzgado", concluye el letrado.
Cobián fue citado para comparecer hoy ante la instructora, pero aunque se presentó en sede judicial, finalmente se negó a prestar declaración.