Torres-Dulce pide sacar las faltas del ámbito judicial
Antes de abordar el "debatido tema" de la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal, hay "algunas variantes por resolver". La primera de ellas, "la expulsión de las faltas del sistema judicial". Así lo aseguró ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en su primera intervención oficial desde que tomara posesión de su cargo, en el marco de un Desayuno Informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Según Torres-Dulce, incluir este tipo de procesos en la Administración de Justicia implica "un gasto desproporcionado" en relación con las sumas dedicadas a otros sectores de la Justicia y, además, da una garantía a las faltas que no existe "en ningún Estado del mundo". Recordó, además, que existen "medios de derecho comparado para hacerlo" y, en cuanto a la segunda de las variantes por abordar, consideró necesario "auditar" la forma en que se utilizan determinados procedimientos judiciales, como los procedimientos de urgencia y los juicios rápidos. "Si logramos saber dónde y cómo están funcionando, si potenciamos aún más los juicios rápidos o de urgencia, despejaremos otro frente", aseguró.
Reforma del proceso penal
Resuelto el problema de los procesos menos graves, queda el reto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882 y cuya reforma -que introducía como gran novedad la cesión de la fase de instrucción a la Fiscalía-, quedó paralizada tras el cambio de Gobierno. En este sentido, el fiscal se mostró en contra de "cualquier retroceso" en cuanto a la presencia de un juez que decida de forma imparcial sobre los asuntos de la fase de instrucción, "llámese juez de garantías o como se quiera". Tal figura, que se introdujo en la propuesta de reforma elaborada con Caamaño como ministro, "no puede ni debe tocarse".
En todo caso, sí es necesario "incrementar el papel del ministerio fiscal, mediente una reforma de su Estatuto Orgánico". Es más, Torres-Dulce consideró "absolutamente imprescindible para dar imparcialidad al ministerio fiscal la adjudicación de una unidad de policía judicial y otra de peritos" que funcionen en exclusiva ellos. Quedan otras cuestiones de naturaleza técnica que habrá que resolver. Por ejemplo, el hecho de que la investigación desarrollada por la Fiscalía "durante meses" tenga que repetirse ante el juez, algo que, sencillamente, "no puede ser".
Torres-Dulce también aprovechó para emitir otras peticiones, como la singularización del presupuesto de la Fiscalía. Aseguró que sería un modo de garantizar la autonomía de este cuerpo, y subrayó que la idea "no es pedir más recursos, sino saber con cuáles contamos".
La "autonomía real de acción y de formación", concluyó, son los retos del sector, a los que se hará frente mediante la elaboración de un Libro Blanco en el que se analicen "las necesidades y las capacidades que entran en juego para obtener esos objetivos".