Gallardón propone que los notarios casen y divorcien

Tras la batería de medidas presentadas la semana pasada para regenerar la Justicia, el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado su intención de una Ley de Jurisdicción Voluntaria que permita a los notarios celebrar bodas civiles y divorcios, en lugar de hacerlo un juez como hasta ahora. Eso sí, se trataría de divorcios de mutuo acuerdo y siempre que la pareja no tenga hijos menores de edad, en cuyo caso, debe haber intervención judicial.

En unas declaraciones hechas ayer a la cadena Cope, el titular de Justicia justificó la propuesta en la necesidad de reducir la carga de trabajo de los juzgados, ya que España, apuntó, tiene "un grado de litigiosidad muy superior a la media europea". Además, indicó que "no tiene sentido que dos personas que se quieren divorciar de mutuo acuerdo no puedan formalizarlo ante un notario y que se tenga que iniciar un expediente judicial". "Aquí tramitamos por vía judicial lo que deberíamos tramitar de una forma distinta", añadió. En la línea, se preguntó por qué un alcalde puede autorizar matrimonios y no puede hacerlo un fedatario público.

La noticia de Gallardón llega un día después de su reunión con el Consejo General del Notariado, que mostró al ministro su "deseo de impulsar la jurisdicción voluntaria para descongestionar la Justicia". Además, señaló ayer que "la doble condición del notario -funcionario público y profesional del Derecho- les sitúa en una posición idónea para asumir funciones dentro de la jurisdicción voluntaria, como formalizar matrimonios y divorcios".

También se pronunció la Asociación Profesional de la Magistratura, para quien la medida puede ayudar a descargar a los juzgados. En este sentido, señaló que puede ayudar "una ley de jurisdicción voluntaria que desjudicialice cuestiones que la ley hace depender exclusivamente de la voluntad de los ciudadanos". Por este motivo, dijo que la propuesta no tendría "ningún inconveniente legal". Por el contrario, la asociación Jueces para la Democracia advirtió contra "la privatización" de estas prestaciones. "La atribución de competencias a notarios puede implicar un encarecimiento", recalcó.

Finalmente, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, tras el encuentro mantenido ayer con el ministro, defendió la posibilidad de que no sólo notarios, sino "por qué no, también abogados" contribuyan a resolver "problemas en este ámbito".