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El Parlamento ratifica la adhesión de Guatemala a la Corte Penal Internacional
La adhesión a la CPI fue aprobada por 137 de los 158 diputados al Congreso, por iniciativa del gobernante Partido Patriota (PP), que atendió así la propuesta hecha por el presidente Otto Pérez Molina, en su discurso de toma de posesión, el pasado día 14.
Entonces el nuevo mandatario expuso su interés por ratificar el Estatuto de Roma y formar parte de la CPI en función de su "compromiso con el Estado de Derecho" y con el objetivo de "un futuro donde impere la ley y el respeto" por los derechos humanos de "todos los pueblos y de todas la naciones".
Aunque Guatemala suscribió el Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI en 1998, los grupos parlamentarios que han controlado el Congreso se habían opuesto a su ratificación por temor a que pudiera dar paso a proceder contra antiguos altos cargos militares que han sido acusados o involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna que padeció este país durante 36 años.
La CPI tiene como objetivo ventilar casos de lesa humanidad como genocidio, tortura y terrorismo de Estado, entre otros, pero no puede proceder con carácter retroactivo.
En Centroamérica, El Salvador y Nicaragua son ahora los únicos países que no han ratificado la adhesión a la CPI.
La CPI tiene jurisdicción para procesar penalmente a violadores de los derechos humanos de los países que hayan ratificado el Estatuto de Roma, así como a quienes decida el Consejo de Seguridad de la ONU.