El jefe de la UDEF dice que para Garzón prevalecía el derecho de defensa
Así lo ha asegurado Olivera en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio a Garzón por ordenar las escuchas del "caso Gürtel", en el que ha explicado que durante toda la investigación trabajó en permanente contacto con el instructor y que desde el principio había claros indicios de blanqueo "puro y duro".
Preguntado por el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, Olivera se ha remontado al momento en el que los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, fueron detenidos el 6 de febrero de 2009 y designaron como abogado a José Antonio López Rubal, contra quien -ha dicho- también había "fuertes indicios".
El comisario ha recordado que la Policía ya sabía que en una siguiente fase de la operación iba a ser imputado López Rubal, que tenía conocimiento de todas las actividades de la trama, y que planteó a Garzón si en esa situación este letrado podría asistir a los detenidos en sede policial.
Una duda a la que el magistrado respondió que "el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier diligencia policial".
Respecto a la dinámica de la investigación, que inició la UDEF tras recibir la denuncia del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, Olivera ha recordado que se requería una actuación muy cercana y próxima al juez, a quien personalmente trasmitió la conveniencia de "acelerar" la operación al constatar los indicios del blanqueo de capitales y el riesgo de fuga de Correa.
Desde el primer momento se detectaron indicios de blanqueo "puro y duro", ha dicho el jefe de la UDEF, que ha recalcado que la detención de Correa y Crespo no puso fin a las actividades delictivas de la trama y que la estructura de la red seguía funcionando desde la cárcel con el ánimo de proteger su patrimonio en España y en el exterior.
Según el comisario, fueron los agentes quienes propusieron la intervención de las comunicaciones, necesarias a su juicio para investigar un delito de blanqueo que requiere diligencias muy complicadas incluso en el extranjero.
Tras la propuesta de la UDEF, Garzón redactó un oficio "minucioso" en el que detalló la participación de los agentes, la prohibición para los funcionarios de prisiones de acceder al contenido de las grabaciones y la prevención del derecho de defensa.
"Y sería el juez quien decidiría que era derecho de defensa y que no era derecho de defensa", por lo que los policías no estaban facultados para "quitar nada", ha subrayado.
Asimismo, ha explicado que les sorprendió al escuchar las grabaciones que en la primera o segunda intervención Correa dice en una conversación que le habían clasificado como preso FIES y que tenía las comunicaciones intervenidas, lo que se comunicó al juzgado.
"Correa sabía perfectamente que estaba siendo escuchado", ha dicho.
Además de Olivera, ha declarado también otro funcionario policial, que únicamente intervino para remitir el auto que ordenó la intervención de las comunicaciones a la cárcel de Soto del Real y que ha reconocido desconocer los detalles de cómo se realizaba la grabación en la prisión.