La familia del fallecido añade una indemnización por lucro cesante y daño moral

El bufete de Luis y Andrés Romero ha informado a Efe de que su escrito de acusación pide para el torero cuatro años de cárcel y seis de retirada del carné por un delito de homicidio imprudente en concurso con dos delitos contra la seguridad del tráfico: uno por conducción temeraria y otro por hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Como novedad, la acusación particular eleva la indemnización por encima del máximo legal porque reclama el lucro cesante por los sueldos que dejó de percibir el fallecido Carlos Parra, de 38 años, que era pintor de profesión y responsable del teatro municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) aunque llevaba dos años en paro.

Los letrados de la acusación no han querido desvelar la cuantía de su reclamación, que la Fiscalía de Sevilla ha situado en un total de 181.122 euros, de ellos 119.731 euros para la viuda de Parra, 19.955 euros a cada uno de sus dos hijos, 9.977 euros para la madre y la exigencia de que pague los 5.640 euros del siniestro total del coche del fallecido y los 5.864 euros que costó reparar el segundo coche afectado por la colisión.

Han indicado que han pedido que declaren en el juicio cuatro testigos que, el pasado 28 de mayo, vieron circular a Ortega Cano de manera imprudente cuando se dirigía a su finca de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), otros dos que le vieron consumir alcohol y un tercero que certificará que no estaba en "circunstancias aptas para conducir".

Además han pedido que declare el médico que primero acudió al lugar del accidente y los peritos de la Guardia Civil que han elaborado un informe según el cual Ortega Cano circulaba a 125 kilómetros por hora, en una carretera limitada a 90 kilómetros/hora, y el coche con el que colisionó a 51 kilómetros por hora.

Los abogados de la familia del fallecido han dicho a Efe que su petición de indemnización se basa en que la prevista para estos casos en los países de nuestro entorno cuadriplica la española y en que existe un grupo de trabajo destinado a actualizar los baremos vigentes.