Los secretarios judiciales piden más medios para la Nueva Oficina Judicial
Tras un año de experiencia, el balance de la implantación de la Nueva Oficina Judicial revela que "se ha avanzado poco" para solucionar la falta de medios materiales y humanos de que adolece el sistema, según aseguró el presidente del Colegio de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, en el marco de las XVII Jornadas de la Fé Pública Judicial, celebradas en Cádiz .
Los secretarios judiciales denunciaron la falta de personal suficiente para dar salida a una carga de trabajo que "ha aumentado un 40 por ciento" con las nuevas atribuciones entregadas al cuerpo. En este sentido, el "coste cero" es "materialmente imposible", aseguró Pedro Larrosa, director del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) de Murcia, primera provincia, junto con Burgos, en poner en marcha el proyecto.
Pero, además, hay un "problema procesal", según explicó Pilar Rodríguez, homónima de Larrosa en Burgos. Y ello porque en muchos casos no está claro a qué servicio corresponde cada tarea, lo que ha provocado "auténticos enfrentamientos entre secretarios".
Así, aunque tanto desde el Ministerio de Justicia como desde el Consejo General del Poder Judicial se han emitido circulares aclaratorias, "no se han llegado a discernir muchas cuestiones", lo que, además, actúa en contra del Servicio de Ordenación, que se ha convertido en "una especie de cajón de sastre" y donde "la carga de trabajo es difícil de asumir".
A estos problemas se suma el tecnológico. Lara aseguró que el sistema Minerva, "no funciona" y, además, el programa trabaja como un "auténtico legislador totalmente encorsetado", según Rodríguez.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió que la dotación en justicia ha registrado "incrementos medios anuales del once por ciento desde 2004", y recordó el incremento de la plantilla de 738 nuevos secretarios judiciales en los últimos tres años. Además, con respecto a Minerva, destacó que "se han enviado más de once millones de notificaciones", con "22.000 usuarios", por lo que "el balance es positivo".
Ley de Jurisdicción Social
Los secretarios también arremetieron contra la Ley de Jurisdicción Social, que entrará en vigor en dos meses, censurando la falta de conveniencia de una reforma de tal calado en plena crisis. En esta línea se pronunció Lara, quien señaló que hubiera sido mejor "prever primero la estructura, o dar una mayor vacatio legis".
La misma opinión suscribió Asunción Barrio, secretaria judicial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia: "No es el momento oportuno para pasar lo contencioso a lo laboral", señaló. Y es que la mayor carga de trabajo vendrá de esta jurisdicción, encargada, por ejemplo, de EREs y sanciones por inspecciones de trabajo. De ahí que "la oportunidad de la norma sea discutible", aunque la reforma "se esperaba desde hace tiempo".
Por su parte, Manuel Marín, secretario judicial del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca, apuntó que la norma es "inoportuna" y que, "en una primera lectura, parece mostrar defectos en cuanto a su aplicación práctica".