Ecoley

Bruselas persigue más coordinación en materia de prisión preventiva



    La Comisión Europea ha publicado un Libro Verde de consulta -que finaliza el 30 de noviembre-, con el propósito de estudiar en qué medida las cuestiones relacionadas con la detención inciden en la confianza mutua y, en consecuencia, en el reconocimiento mutuo y la cooperación judicial en la Unión Europea (UE).

    El documento analiza la interacción entre las condiciones de detención, los instrumentos de reconocimiento mutuo, como la orden de detención europea, y la detención preventiva, además de iniciar una amplia consulta pública sobre varias cuestiones. Así, entre otras, pregunta sobre las posibles alternativas no privativas de libertad o las diferencias existentes entre los Estados sobre el plazo legal máximo para la prisión preventiva y la regularidad de su revisión.

    A este respecto, pone de relieve que el tiempo que una persona pasa en prisión preventiva varía enormemente de un Estado miembro a otro. Así, señala que si bien en algunos países no hay un plazo máximo legal, en otros, una persona puede pasar en prisión preventiva hasta cuatro años. Asimismo, plantea la cuestión de si las normas mínimas relativas a las disposiciones en materia de revisión de los motivos para la prisión preventiva mejorarían la confianza mutua entre los Estados.

    En relación a los menores, pone de manifiesto las diferencias existentes en los distintos sistemas jurídicos. En la UE, explica, la edad mínima de responsabilidad penal varía entre los ocho años en Escocia y los 16 en Portugal.

    Productos de doble uso

    Pero además, la Comisión ha publicado un Libro Verde con el propósito de lanzar el proceso de revisión del sistema de control de las exportaciones de los productos de doble uso de la UE, -es decir, que pueden destinarse tanto a usos civiles como militares-.

    El objetivo es abrir un debate público sobre el funcionamiento del actual sistema con vistas a recabar las aportaciones de la sociedad civil, las ONG, la industria, el mundo académico y los Gobiernos de los Estados miembros para preparar la revisión del sistema y su progresiva reforma. El periodo de consulta finaliza el próximo 31 de octubre de 2011.