Economía/Legal.- El fiscal se querella contra el ex presidente de La Seda por cuatro operaciones irregulares
Aprecia posibles delitos de apropiación indebida, administración desleal y delitos fiscales
BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
El fiscal de delitos económicos ha decidido querellarse contra el ex presidente de La Seda de Barcelona, Rafael Español, el ex director general, Aurelio González Isla, y otros ex directivos y empresarios por ser responsables y firmar contratos en al menos cuatro operaciones en la que se aprecia delito.
En la querella, que arranca de una primera denuncia de agosto de 2009 de un socio minoritario, el fiscal Francisco Bañeres pide al juez que se tome declaración a los querellados por operaciones que pudieron producir "importantes quebrantos" en el activo de la compañía y que no se correspondían con actuaciones ortodoxas ni relacionadas con el objeto social de la firma.
La primera transacción sospechosa hace referencia a operaciones de ventas de mercancía en 2008 a clientes de Rusia y Túnez que los supuestos clientes finales nunca llegaron a pagar.
El fiscal cree que existen indicios de que se trató de meros apuntes contables y facturación ficticia sin que existiera un movimiento real de mercancía --de plásticos PET que al parecer eran stock de la planta de El Prat--, aunque sí existieron corrientes financieras y pagos efectuados por La Seda con "una finalidad distinta a la que se declara".
En estas operaciones habrían intervenido tanto Español como González-Isla, tomando estas decisiones al margen del consejo de administración, con facturas por un importe de 38 millones de euros, que no fueron atendidas al vencimiento.
Según consta en la querella, cuando los nuevos gestores de La Seda reclamaron el pago, el administrador de firma rusa VK Import NN dijo por correo electrónico que su empresa nunca llegó a recibir la mercancía y que no pagaría.
Sobre la operación en Túnez, las facturas por las supuestas ventas fraudulentas de mercancías ascienden a 29 millones, que se contabilizaron como pérdidas en el ejercicio de 2008.
El fiscal considera que los ex gestores --también apunta al ex director financiero José Sanz y otros administradores de sociedades-- pudieron incurrir en los delitos de contratos simulados, administración desleal y apropiación indebida, un posible delito de falsedad cometido por los encargados de la firma auditora y delitos fiscales.
JATROIL, AGUJERO DE 18 MILLONES
Otra de las transacciones sospechosas son dos préstamos participativos a Jatroil, sociedad creada en 2007 por Xavier Plana y Yuri Herreras, por valor de 2,4 millones para proyectos de I+D el primero y 17,4 millones el segundo, con la finalidad de buscar terrenos para cultivos de plantas para producir biocombustibles, aunque sólo fueron el ápice de una compleja trama.
En la querella, el fiscal escribe que, por motivos inexplicados, los querellados impusieron a los socios de Jatroil como condición para dar el primer préstamo que el segundo debería ser entregado a la sociedad Nuevo Sol Granadella, del grupo Promoviola y administrado por otro querellado, Carlos Gutiérrez Mondedeu.
"No hace falta decir que Nueva Sol Granadella no hizo ninguna gestión ni mucho menos compra de terrenos y tampoco devolvió un sólo céntimo de las sumas percibidas por Jatroil ni La Seda", relata la querella.
El menoscabo para el patrimonio de La Seda, sumando las cantidades abonadas, ascienden a 18 millones, y el fiscal ve delito de apropiación indebida y posibles delitos fiscales en el caso que Nueva Sol Granadella no acredite el pago del IVA.
Además, apunta a los socios de Jatroil por brindarse a emplear su firma en la cobertura del negocio supuestamente fraudulento y realizado a perjuicio de la química catalana.
En el escrito del fiscal, también figura una operación de compraventa de acciones propias, que Español y González-Isla llevaron a cabo sin tener luz verde del consejo, y una operación de venta de licencias de tecnología en la que aparece de nuevo Promoviola a sabiendas que era ficticia.
Los ex gestores incluyeron en la cuenta de resultados un activo de 100 millones --el valor del contrato de venta de la licencia-- sin tener posibilidad de obtenerlos, incurriendo en un posible delito societario.
Además, Fiscalía constata que Promoviola adeuda a la Hacienda Pública 16 millones fruto del negocio inicial de compra de estos 100 millones de la operación ficticia.
Esto determinó que la Inspección Regional de Hacienda en Madrid incoara un procedimiento inspector que concluyó con la remisión a Fiscalía de Madrid por un posible delito fiscal en el ejercicio del IVA.
Finalmente, el fiscal solicita que, una vez se admita a trámite la querella, que se tramiten como cuatro piezas separadas porque cada una de las operaciones descritas lo permiten.
En total, las supuestas irregularidades con Rafael Español al frente --que dimitió con una acción de responsabilidad social sobre la mesa-- salpica a ex gestores y a más de una docena de empresarios que habrían sido partícipes.