La tasa al proceso rápido de cobro dispara las demandas

Las consecuencias de la aplicación de la nueva tasa de 90 euros que habrá que desembolsar al iniciar un proceso monitorio -ideados para resolver de forma rápida casos de impago cuando existe una deuda vencida y exigible- se han hecho notar antes incluso de su entrada en vigor, que tiene lugar hoy, a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los pequeños y medianos despachos han tenido que hacer un esfuerzo extra para presentar las demandas de sus clientes antes de la reforma, evitando así el pago de la cuantía.

Hasta ahora iniciar un proceso monitorio no suponía coste alguno. Eso sí, en caso de que el demandado presentara oposición y se iniciara un procedimiento declarativo, había que abonar la correspondiente tasa judicial. A partir de hoy el pago se adelanta: habrá que desembolsar 90 euros al inicio del proceso. Una tasa que "supone un sobrecoste muy gravoso, sobre todo cuando reclamas a deudores que probablemente van a ser insolventes", según afirma Juan Carlos Rivera, de Gómez-Acebo & Pombo.

Así, antes "sólo se pagaba cuando el monitorio fallaba". En ese sentido, la medida "puede dificultar el acceso a este procedimiento, que no funcionaba mal hasta ahora".

Medina Cuadros Abogados afirma que, con motivo de este cambio, el despacho ha dado salida a 4.614 casos y ha dedicado mayores esfuerzos a esta rama. Pero no es la única causa. Desde el Despacho Manuel Castellanos, el propio Castellanos comenta que la crisis tiene mucho que ver en este auge, "en nuestro caso, del 90 por ciento".

Sin embargo, desde los grandes despachos, como Deloitte Abogados o Ernst & Young, aseguran que la reforma no tendrá grandes repercusiones, al quedar exentas "tanto las personas físicas como las entidades de pequeña dimensión", según afirma Marta Navarro, asociada del área Legal de Ernst & Young Abogados. En este sentido, Navarro, asegura que el monitorio está pensado para esas dos categorías, y calcula que alrededor de la mitad de las demandas se librarían del pago.

Aun así, señala Rivera, aumenta la preocupación de algunos clientes, "sobre todo de empresas de gestión de carteras de crédito, que interponen procesos de forma masiva". A pesar de ello, "la reforma tiene su razón de ser" y supondrá un "alivio" para los juzgados. Y es que este procedimiento especial, que debería ser eficaz y rápido, se ha masificado, "convirtiéndose en algo lento y problemático".