Licitaciones: Bruselas evalúa si es legal la Ley de Desarrollo Sostenible
La Comisión Europea zanjó ayer un expediente contra la legislación española de 2007 sobre las licitaciones de contratos del sector público. Pero advirtió que ahora examina si la reciente Ley de Economía Sostenible regula estos mercados de manera compatible con el Derecho comunitario.
El expediente cerrado era porque Bruselas consideraba que la Ley 30/2007 sobre Contratos del Sector Público otorgaba a las entidades adjudicadoras poderes casi ilimitados para modificar cláusulas esenciales de los contratos tras su adjudicación; en condiciones que no se atenían a los principios de igualdad de trato entre licitadores, no discriminación y transparencia fijados por las normas sobre contratación pública de la UE.
El Ejecutivo comunitario había constatado un problema generalizado en España a través de las auditorías de proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Cohesión. Los cambios indebidos de los contratos para añadir obras complementarias es, según Bruselas, uno de los motivos más frecuentes de las correcciones financieras en el caso español.
Adjudicar a dedo
La Comisión Europea también juzgaba que la Ley de 2007 permitía adjudicaciones sin publicación vía procedimientos negociados. Esta norma fue sustancialmente modificada por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Y Bruselas aseguró ayer que "cabe congratularse" por el nuevo régimen.
Pero anunció que someterá la nueva norma a un examen minucioso y un seguimiento estrecho para comprobar su compatibilidad con las Directivas de contratación pública de la UE y con la jurisprudencia sobre modificación de contratos públicos y obras complementarias.