La Ley de Enjuiciamiento Criminal estará en verano
El Gobierno tendrá ultimado el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para su remisión al Parlamento antes del verano, lo que permitirá despejar las innumerables dudas procesales que está generando en todos los órdenes la reciente reforma del Código Penal, según anunció ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre La Transformación de la Justicia, organizada por el Grupo Parlamentario Socialista, Caamaño justificó la urgencia de esta reforma, porque el 72 por ciento de los asuntos que llegan a los tribunales en España se rigen por esta norma.
Esta reforma, de un enorme calado, explicó el ministro, debe venir acompañada de una reorganización de la estructura de los tribunales y la Fiscalía, además de arropada por un amplio consenso, aunque, aseguró que todavía es posible hacerla antes de que termine el año.
No obstante, comentó que se adelantarán algunos aspectos de agilización, "puesto que el no haber modificado en 30 años de democracia la Ley de Enjuiciamiento Criminal es uno de los grandes defectos del actual sistema de Justicia".
Sobre la reducción de los recursos, que introduce el proyecto de Ley de Agilización Procesal, que es una de las medidas que más polémicas ha levantado, con importantes críticas de la Abogacía, Caamaño afirmó que "dos instancias para recurrir es mucho" y justificó esta limitación aduciendo que "son los que menos medios tienen los que han de sufrir el alargamiento de los procedimientos mediante la presentación de recursos por los que mayores medios tienen".
Como ejemplo, señaló al trabajador por cuenta propia que realiza las obras y pone los materiales, pagando el dinero de su bolsillo y debe "esperar, recurso tras recurso, a que pasen los años para poder cobrar cuando la sentencia sea firme".
"Una cosa es acceder al juez y otra tener acceso al recurso", añadió y concluyó el tema señalando que "el sistema de acumulación piramidal hace que se produzcan retenciones en los niveles superiores y, por tanto insatisfacción de los ciudadanos, que esperan años y años a que una sentencia sea firme".
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, por su parte, abogó por la "consagración de la segunda instancia" y dijo que "invertir en modelos anacrónicos es desinvertir y mantener vivos los problemas".