El modelo de instrucción actual impide atajar la corrupción

"Será imposible la unión judicial y policial en la lucha contra la delincuencia económica organizada mientras se mantenga el actual modelo de instrucción", afirmó ayer el Juez Decano de Madrid, el magistrado José Luis Armengol.

Durante su intervención ayer en el VI Foro Antifraude organizado por KPMG, Armengol abogó por que el juez de instrucción se convierta en un juez de garantías, que controle la observancia de los derechos fundamentales (intervenciones telefónicas, entradas en domicilios) y la legalidad del proceso.

Armonización legislativa

Tan sólo dos países, España y Polonia mantienen la instrucción en manos del juez, y Francia para algunos delitos específicos, explicó Lorena Bachmaier, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense.

Ambos ponentes, defendieron la necesidad de que se alcance la armonización legislativa en la Unión Europea para combatir con eficacia la delincuencia organizada que actúa al mismo tiempo en distintos países, afirmó Armengol.

Juan Carlos López Caballero, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, se unió a las peticiones del resto de los ponentes sobre la necesidad de potenciar la figura del Fiscal Europeo, actualmente limitado a los asuntos de fraude a la Administración comunitaria.

Juzgados especializados

Estas mismas limitaciones son las que tiene la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, cuyas funciones son de policía administrativa. Ambas instituciones son los más cerca que se ha estado hasta ahora en la armonización penal en la UE, aseguró Bachmaier.

También, puso Armengol de relieve la necesidad de clarificar si la Audiencia Nacional es competente para juzgar estos asuntos, como en el caso del narcotráfico y, de no serlo, que se dote de medios suficientes a los juzgados, como el de Cambados, que tienen que afrontar las investigacines sin contar con medios y con las limitaciones propias de las competencias del juzgado.

Finalmente, los tres ponentes abogaron por la creación de juzgados especializados en asuntos de delincuencia económica de ámbito territorial, dotados de personal especializado y con policías adscritos.

finalmente, López Caballero defendió la creación de la Oficina Fiscal, distinta de la Oficina Judicial, que serviría para que los fiscales puedan interpretar los datos que les lleguen a través de las nuevas informáticas.