El delito de suplantación de identidad crece por la falta de preparación digital

Las dificultades funcionales y técnicas de los mecanismos de acceso electrónico a las Administraciones Públicas se han convertido en un problema ante los delitos de suplantación de identidad, porque las empresas delegan los mecanismos de autenticación sin contar con procedimientos de control sobre sus certificados digitales o autorizaciones a personas físicas para actuar en representación de la empresa.

Así, se denuncia en el informe Fraude Digital por suplantación de identidad, consecuencias y cómo combatirlo, realizado para el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, por la consultora Iclaves.

Así, explica Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de la institución colegial, que "no es inusual que los certificados digitales de la empresa estén instalados sin ningún control en un ordenador concreto al que pueden acceder diversas personas porque es en el único donde funcionan o el caso de que personas que han abandonado la compañía, o gestores que han dejado de prestarle servicios administrativos, continúen teniendo acceso a los certificados digitales y, a través de ellos, a toda la relación con las Administraciones Públicas y a la información confidencial compartida entre la empresa y la Administración".

La evolución experimentada por los delitos vinculados al fraude digital desde los primeros años de la década muestra una tendencia creciente que seguirá en aumento en los próximos años si no se ponen en marcha medidas de mayor concienciación entre los usuarios de las tecnologías digitales y se desarrollan los productos y servicios digitales con un mayor foco en su seguridad.

"Los gestores asdministrativos somos la ventanilla única, que no ha existido, no existe, no existirá nunca en las Administraciones Públicas", dice Santiago Ollero.

Ventanilla única

En personas físicas, la situación es peor, porque casi dos tercios de españoles reconocen que están poco o nada informados sobre los riesgos del cibercrimen, lo que sin duda es un grave problema para asegurar un adecuado desarrollo de la sociedad digital, que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes para seguir actuando con impunidad.

La suplantación de identidad 'online' suele producirse como un medio para desarrollar otras actividades fraudulentas de tipo económico (estafas bancarias o de tarjetas de crédito) o reputacional, como el descubrimiento o revelación de secretos.

Un delito creciente

Se trata de un delito tipificado en el Código Penal como delito de usurpación del estado civil, con unas penas de prisión de seis meses a tres años. La evolución de las denuncias por este delito se han venido incrementando anualmente en un a 16,5 por ciento.

Aquellos que más crecen son los vinculados al fraude económico. Entre 2011 y 2017 las estafas denunciadas con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje han aumentado un 34,3 por ciento, pasando de las 4.498 a las 26.399. Las estafas bancarias crecieron con una tasa media del 14,4 por ciento en el mismo periodo, aumentando desde las 2.645 de 2011 a las 5.942 de 2017.

España se sitúa a la cabeza, junto a Bulgaria y Reino Unido en el porcentaje de ciudadanos comunitarios muy o bastante preocupados por la suplantación de identidad (78 por ciento), frente a una media comunitaria del 69 por ciento.

Sin embargo, los ciudadanos dan una importancia moderada a los riesgos que la ciberdelincuencia supone para la seguridad interna de la UE, aspecto que está directamente relacionado con el bajo nivel de información sobre ciberseguridadde los españoles.

El 8% ciento de los ciudadanos europeos usuarios de Internet ha sido alguna vez víctima de una suplantación de identidad

Según datos del Eurobarómetro, el 8 por ciento de los ciudadanos europeos usuarios de Internet ha sido alguna vez víctima de una suplantación de identidad. En España este porcentaje se sitúa en el 5 por ciento. Los países que reportan mayor incidencia son Austria y Polonia (ambos con un 12 por ciento) y los que menos , Bulgaria y Grecia (ambos con un 3 por ciento).

Por el contrario, los delitos asociados a la componente reputacional (calumnias, injurias, descubrimiento y revelación de secretos y amenazas) no han experimentado un crecimiento relevante.

Por el contrario, el 58 por ciento de las empresas liga el impacto económico del fraude al elemento reputacional frente al 42 por ciento que los percibe como un impacto limitado a la cuenta de resultados.