La CNMV puede acceder a las pruebas del primer 'Discovery' en España

La familia Martínez Sampedro, fundadora de la multinacional española Codere, acaba de dar un nuevo paso en la actuación pionera en el campo procesal mercantil español, tras recibir autorización de un juzgado de Connecticut (Estados Unidos) para que el Discovery concedido, como prueba para sus demandas mercantiles y arbitrales, se incorpore a su denuncia ante la CNMV contra el fondo de inversión Silver Point y otros fondos que apoyaron la toma de control de la compañía.

Tal y como informa la revista Buen Gobierno, Iuris&Lex y RSC de elEconomista, con el plácet del juez norteamericano el Discovery, se puede utilizar como prueba muy relevante sobre la ilegal toma de control de la firma española.

De esta forma, el caso Codere supone un hito procesal en España porque es la primera vez en este país este instrumento de prueba se podrá usar en un procedimiento abierto ante la CNMV entre accionistas de una Compañía y, en su caso, ante los tribunales de justicia.

El procedimiento de Discovery americano permite la obtención masiva de pruebas digitales para los pleitos llevados a cabo tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones, siempre que se obtenga el permiso de la Corte que lo autoriza y haya conexión con Estados Unidos de la parte sobre la que se solicita el procedimiento.

Así, por ejemplo, a través de esta vía, el Consejo de Defensa del Estado de Chile -Fiscalía- obtuvo documentos y testimonios de bancos de Miami, que sirvieron para identificar las cuentas bancarias opacas del exdictador Augusto Pinochet y se pudieron recuperar importantes cantidades para el Fisco.

La solicitud de información debe estar muy bien argumentada. No vale presentar solicitudes indiscriminadas para ver si se acierta.

En una reforma operada en el año 2000 sobre el Discovery se ha tratado de limitar su alcance a las cuestiones con relevancia para las alegaciones de las partes, aunque en la práctica cada tribunal valora las circunstancias de cada caso en concreto.

La contundencia de las pruebas que aporta el Discovery, por otra parte, servirán para eliminar posibles suspicacias que pudieran surgir ante la casualidad de que el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, trabajase en la firma de abogados Linklaters, que fue la elegida por los bonistas de Codere en 2013 para llevar ante los tribunales de Nueva York a Codere, cuando aún estaba gestionada por la familia Martínez Sampedro, procedimiento que acabó en un pacto para la reestructuración de la compañía, que los fundadores de la compañía denuncian ahora que los fondos buitre han incumplido.

Información relevante

Según la documentación pública del Discovery, la familia Martínez Sampedro considera relevante poner en conocimiento a la CNMV la información aparecida en el mismo, por lo que ha solicitado la autorización, ahora concedida, a los tribunales de Connecticut para poner a disposición del regulador español dicha información.

Conforme a la legislación española, la CNMV, en el ejercicio de sus facultades investigadoras, está facultada para requerir directamente dicha información tanto a la familia Martínez Sampedro como al resto de partes involucradas, lo que conllevará el desbloqueo de un procedimiento que sin esta aportación de pruebas era difícil de realizar por parte del regulador español.

Con este procedimiento, la familia Martínez Sampedro ha obtenido pruebas sobre la presunta toma de control ilegal de Codere por parte de Silver Point Capital y fundamentar así el pleito mercantil en curso ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid y el arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio Internacional de París.

El consejo de administración de Codere cesó en enero 2018 como presidente a José Antonio Martínez Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, permaneciendo ambos en el consejo sin funciones ejecutivas y en calidad de consejeros dominicales. Los Martínez Sampedro son dueños del 18,5 por ciento del capital. Entonces, el fondo Silver Point controlaba el 23,19 por ciento, Contrarian el 9,85 por ciento y Abrams el 8,72 por ciento. El 30 de abril de pasado año, la Corte de Connecticut concedió a los abogados de la familia Martínez Sampedro el Discovery para su uso en el pleito mercantil y en el arbitraje, abarcando el periodo temporal comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 1 de marzo de 2018 -ambos incluidos-.

Así, lograban los demandantes el acceso a multitud de información, aunque todavía hay abierto un pleito en la Corte para la obtención de cierta documentación adicional clasificada bajo el privilegio abogado-cliente, que podría ser relevante.

La importancia de este procedimiento norteamericano es que permite solicitar en Estados Unidos el acceso a documentos e información relevante para un litigio en cualquier jurisdicción contra un sujeto residente en aquel país norteamericano. En este caso se solicitó el 'Discovery' ante los tribunales de Connecticut, estado de residencia de Silver Point, Contrarian, Norman R. Sorensen Valdez y David Reganato -accionistas y consejeros de Codere-. Los fundadores de la compañía consideran que Silver Point estaba obligado a presentar una opa para hacerse con el control de la compañía, tal y como hizo en los primeros meses de 2018, al considerar que se han hecho "ilegalmente" con el control.

Exigencia de una opa

El fondo del litigio está en que la familia Martínez Sampedro estima que se ha violado el acuerdo de accionistas alcanzado en 2017 entre el Fondo y la familia Martínez Sampedro y que durante el año 2018 se ha consolidado "el control concertado de la sociedad y su gestión por parte de Silver Point, con la visible cooperación de los consejeros independientes".

Recuerda José Antonio Martínez Sampedro, que una persona física o jurídica tiene, individualmente o de forma conjunta con las personas que actúen en concierto con ella, una "participación de control" de una sociedad cuando alcance, directa o indirectamente, un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30 por ciento. Este es el caso de los fondos.

En su denuncia ante la CNMV asegura que "el presidente Norman Sorensen ejerce sus competencias de organización del Consejo de forma discriminatoria en favor de los consejeros dominicales del Fondo y en contra de los de la familia Martínez Sampedro".