Comienza el juicio por fraude en formación en el que UGT-Andalucía se juega la supervivencia

En el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla hay desde esta mañana quince acusados de un fraude en subvenciones para Formación estimado en 40 millones. Son cinco miembros de anteriores directivas de UGT y diez responsables de empresas proveedoras, a las que se acusa de falsificar facturas y desviar el dinero para formar parados a las arcas de la organización. El sindicato UGT-Andalucía, como persona jurídica, no está acusado de delito alguno, pero está en el juicio porque el Fiscal y las acusaciones lo consideran responsable civil subsidiario en caso de que haya una condena. En la práctica, la formación sindical con 130 de historia en Andalucía se juega su supervivencia: actualmente y por vía administrativa ya está respondiendo -con aplazamientos y planes de pagos- de irregularidades millonarias en subvenciones para cursos de formación no justificadas debidamente. Cargar con parte de los 40 millones que están ahora en juego podría ser la puntilla.

Nadie acusa de delito alguno a la actual directiva de UGT, comandada por Oskar Martín, ni a la anterior, la de Carmen Castilla. Los hechos que se juzgan ocurrieron durante la época de Pastrana, que no está en el juicio por su precaria salud. Están acusados el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban. Les piden penas de hasta siete años de cárcel, y multas e indemnizaciones por más de 40 millones.

Cuestiones previas

Ya en la sala de vistas hoy y en el turno de cuestiones previas el letrado de UGT ha solicitado que se le retire la condición de responsable civil subsidiario, ya que está respondiendo ante la Junta por una cantidad aún mayor de la que se reclama en el juicio a través de un acuerdo. Se ha aportado al tribunal copia del acuerdo de pagos por un importe global de unos 70 millones durante 25 años, argumentando que en el juicio se lleva al ámbito penal una cuestión ya resuelta entre las partes. En un golpe mediático, el sindicato ha solicitado la declaración como testigo de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

La defensa de Fresneda, uno de los principales acusados, ha solicitado la nulidad de las pruebas contra él, ya que fueron obtenidas a su juicio ilícitamente a través de un ex trabajador del sindicato condenado en sentencia firme por revelación de secreto. Así mismo ha insistido en que tanto él como el resto de responsables del sindicato sufrieron una investigación "inquisitorial" por parte de la jueza instructora, Mercedes Alaya, en la que según denuncian se vulneraron sus derechos fundamentales.

También ha señalado que fueron víctimas de un juicio paralelo en los medios por las filtraciones.

A esta argumentación se han sumado varios de los procesados.

La instrucción

Según las diligencias recabadas durante la instrucción, indiciariamente entre 2009 y 2013, se produjeron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

"En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato", explicaba el juez instructor, según el cual "el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros".

El sindicato, según el fiscal Fernando Soto, "institucionalizó el fraude y lo pactó con sus proveedores", con lo que no se trataba de "facturas aisladas". Al punto, ha llamado la atención respecto a que lo que la UCO calificaba como "depósito financiero" era denominado como "el bote" por la propia UGT Andalucía, a cuyos antiguos directivos ha acusado de "defraudar masivamente a la Junta" mediante este sistema.