La CNMC pide a Justicia limitar el arancel de los procuradores para personas vulnerables

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  reclama a Justicia limitar el precio de los aranceles para los consumidores más vulnerables y para las situaciones procesales, según el informe que ha publicado relativa a nuevo Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores en los tribunales.

La entidad ha cuestionado el funcionamiento legislativo de la legislación, en cuanto que considera que no se ha justificado su necesidad y plantea la incógnita de lo que va a pasar con los costes que se puedan generar en los consumidores y usuarios en el mercado de la competencia. 

Precio máximo arancelario 

El proyecto de Real Decreto establece la misma cuantía de precio de los aranceles en 75.000 euros, pero ahora, la novedad reside en que esa cuantía se establece como precio máximo, favoreciendo a que el arancel "se mantenga como punto focal, limitando la competencia en precios de los servicios prestados por los procuradores", expresa el informe. 

Según el comunicado facilitado por la CNMC, este proyecto pretende mantener un precio máximo en los que intervengan los procuradores. El Real Decreto amplía su ámbito de aplicación y propone establecer entre un 20 y un 169% el incremento del precio de los procesos afectados. A este respecto, la Comisión marca la obligatoriedad de comunicar de manera expresa el presupuesto de esas tarifas, para que tanto procurador como cliente pacten las retribuciones de los servicios prestados para acordar una cuantía inferior a lo marcado por el arancel. 

Para el correcto funcionamiento de la norma, la CNMC manifiesta en su informe, una serie de recomendaciones en la que destaca incluir expresamente en el presupuesto al cliente el carácter de precio máximo del arancel y la ausencia de un precio mínimo, también precisa la necesidad de establecer una metodología de cálculo para obtener los costes de los servicios del procurador. Además, también consideran necesario estudiar la evolución de los costes y su aplicación en cada tipo de procedimiento. 

Asimismo, y para un mayor progreso, la Comisión insta a mantener la máxima difusión por los poderes públicos de las posibilidades de negociación individual del precio de los servicios de procura, en particular, por los colegios profesionales, en su calidad de corporaciones de derecho público.