Los jueces aconsejan que la microempresa busque asesoramiento profesional si va a concurso de acreedores

Los magistrados mercantiles consideran que el procedimiento concursal para microempresas va a ser económicamente costoso para los empresarios con problemas de solvencia a pesar de la insistencia con que el texto de la nueva Ley Concursal insiste en que tal y como se ha diseñado, reducirá notablemente los costes fijos del sistema.

Así, lo han explicado en transcurso de las intervenciones del V Congreso del Registro de Auditores Judiciales y Forenses del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que acaba de clausurarse en Aranjuez (Madrid).

Con el calendario en contra

Además, consideran que el nuevo procedimiento va a suponer la liquidación de muchas microempresas por la imposibilidad de cumplir las exigencias de la Ley.

Rocío Marina, magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Málaga, en el transcurso de su participación en el V Congreso estima que "el deudor y los acreedores tienen que saber como es el procedimiento, tienen que estar asesorados por quien conoce el Derecho Concursal. No vale pedirle a un amigo abogado que me rellene los documentos, porque el que haga eso es un suicida, porque como no notifique bien se va a encontrar con un auto de nulidad de actuaciones. El deudor ya no va a contar con la seguridad que le ofrecía la figura del juez, porque ahora solo puede intervenir en casos muy específicos".

La magistrada ha advertido de la falta de claridad del nuevo texto normativo, porque hay numerosas citas a artículos sin citar expresamente su número, lo que dificulta la gestión del concurso por quien no tenga un amplio conocimiento del procedimiento.

Además, el deudor cuenta con 10 días hábiles desde la declaración de apertura del procedimiento especial para presentar el plan de continuación, si sobrepasa el plazo supone la automática conversión del procedimiento en uno de liquidación.

Una vez admitido por el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) el plan de continuación, dispondrá de tres días para comunicarlo electrónicamente a los acreedores y si se sobrepasa el plazo, automáticamente, el procedimiento se transforma en uno de liquidación.

Y si fracasa el convenio, estando en insolvencia actual, se pasa la liquidación. Se podrá solicitar la intervención de un mediador concursal, pero si este ve que no hay posibilidad de acuerdo, suspenderá el proceso y se abrirá la liquidación.

Y ha añadido que "el nuevo procedimiento se basa en la desconfianza del legislador sobre jueces y administradores concursales y, por ello, se argumenta que es caro y se ha propuesto ahorrar coste a base de suprimir la intervención de profesionales. Si el deudor lo quiere así, que apechugue con las consecuencias. El juez no puede suplir a todos los profesionales de oficio".

Inteligencia artificial

Javier Vaquer, magistrado del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, ha explicado que lo que el Ministerio de Justicia persigue es crear una plataforma nacional que permitirá mediante inteligencia artificial la lectura del escrito solicitando el inicio del procedimiento especial, identificará a los deudores con sus correos electrónicos y verificará que todos los acreedores han sido notificados. "Pero hasta que no tengamos eso, la tramitación va a ser muy problemática", ha afirmado.

Y Vaquer ha señalado también, que no está claro el sistema de cobro de los profesionales que actúen en el concurso, aunque parece que se hará por la propia autoregulación del mercado.