Las elecciones de Maduro dejan casi sin hueco a los opositores venezolanos

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) ha convocado elecciones presidenciales antes de finalizar el primer cuatrimestre. Un claro y abierto desafío de la ANC, controlada por el chavismo y no reconocida por la comunidad internacional. Y una maniobra evidente del regimen para hacerse con el control total del poder. Simula para ello un proceso electoral para el cual no existen garantías de imparcialidad. Y no da margen a la oposición para organizarse. Un camino ilegítimo que ya se anticipa como un fraude.

El anuncio coincidió con la nueva reunión de cancilleres del llamado Grupo de Lima, instancia regional creada para monitorizar la crisis, que tuvo lugar en Santiago. Más que simple coincidencia con el encuentro de cancilleres parece que Nicolás Maduro buscaba provocar a quienes rechazaron de forma tal posibilidad por la imposibilidad de realizar comicios "transparentes y creíbles" en las actuales circunstancias. El Grupo exige una convocatoria con una anticipación adecuada, con la participación de todos los actores políticos y con todas las garantías que corresponda.

Ahora, por orden del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su hombre fuerte, el Tribunal Supremo de Justicia obligó al Consejo Nacional Electoral (CNE) hacer aún más difícil que las formaciones antichavistas presenten a un candidato unitario a los comicios presidenciales (en principio previstos para diciembre). El adelanto ilegal se ha llevado a cabo por la ANC con miras a aprovechar las pugnas internas que debilitan la oposición y la desconfianza que su dispersión ha sembrado entre sus seguidores.

La 'justicia' de Maduro

En concreto, el CNE excluyó a la mayor alianza opositora - la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) - del proceso de revalidación de partidos, alegando que, si admitiera su participación, algunos de sus miembros incurrirían en el delito de doble militancia. Un argumento que si bien pudiera parecer razonable, no hace olvidar la inconsistencia y el oportunismo con que el Poder Judicial y el Poder Electoral - controlados por el Ejecutivo - interpretan y aplican las leyes.

Un decreto emitido por la ANC estableció que los partidos políticos que no hubieran participado en las inmediatas elecciones anteriores, deberán renovarse según lo estipulado en la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas. Y es que, por sí sola, la revalidación de partidos es un capricho del oficialismo cuya función es castigar a los grupos que boicotearon los comicios municipales del 10 de diciembre para protestar contra los fraudes de la elección de gobernadores del 15 de octubre.

Así las instituciones estatales dominadas por el PSUV posponen elecciones cuando el régimen lleva las de perder ya que sus engaños y marrullerías no siempre le han garantizado el triunfo. Adelanta, en cambio, comicios cuando llamar a votar no entraña riesgos para la elite chavista. Y lo hace neutralizando previamente a sus rivales más sólidos. Tanto Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, y Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, podrían vencer a Maduro en las urnas, pero se les prohibió la capacidad de ejercer cargos públicos durante quince años.

Maduro ha denunciado que los Gobiernos de EEUU, España y Colombia habían ordenado a la oposición abandonar el proceso para evitar una derrota bochornosa. Luego pidió a los antichavistas "cumplir su palabra" y no retirar sus candidaturas. Henry Ramos Allup, de Acción Democrática, y Henri Falcón, de Avanzada Progresista, ya intentaron presentarse sin consultar al resto de formaciones antichavistas. Sin embargo, la posibilidad de la oposición para derrotar el chavismo es con un candidato único.

La oposición, desunida

La unilateral convocatoria evidencia la falta de voluntad de diálogo del régimen. Aparece cada vez más lejana la posibilidad de encontrar una salida pacífica, echando por tierra los esfuerzos para las conversaciones de los últimos meses. No fueron más que otra estratagema de Maduro para ganar tiempo.

La tensión ya había aumentado después de que las fuerzas de seguridad del Gobierno abatieran al ex policía Óscar Pérez junto con otras seis personas, a quien las autoridades acusaban de conspiración y terrorismo por su insubordinación. Una operación trasmitida en directo por las víctimas a través de las redes sociales. En los videos difundidos por Pérez él clama que les permitan entregarse. Además, material que ha circulado muestra una operación desproporcionada en la que lanzagranadas hicieron volar por los aires la edificación en la que se resguardaba el grupo que, según las autoridades, mató a dos policías..

Esto y las maniobras para demorar la entrega del cuerpo desataron protestas dentro y fuera de Venezuela. La Iglesia católica calificó el hecho de "horrible masacre". Defensores de derechos humanos, de "ejecución extrajudicial".

Todas las declaraciones de condena son valiosas aunque la única forma en que Venezuela pueda salir de esta crisis pasa por la presión internacional. Ante la obstinación del régimen, la caótica situación política y a crisis humanitaria - así lo ha advertido la OMS -, se debe avanzar a una fase de sanciones a funcionarios clave del chavismo.