Un nuevo recurso devuelve al Supremo el conflicto por los alquileres de Aena

El conflicto sobre los alquileres de Aena durante la crisis del Covid regresa al Tribunal Supremo. Según ha averiguado elEconomista.es, un nuevo recurso interpuesto por un abogado catalán podría obligar al tribunal de última instancia a replantear su negativa a abordar este asunto. El pasado 19 de febrero, la Sala de lo Civil del Supremo se declaró incompetente para pronunciarse sobre los litigios entre los arrendatarios (comercios y restaurantes) y Aena al considerar que estos contratos de alquiler no pertenecían al ordenamiento civil, sino al contencioso-administrativo. En su resolución, el alto tribunal razonó que estos acuerdos eran concesiones en vez de arrendamientos.

Por ende, devolvió los pleitos a la casilla de salida, forzando a las partes a incoar de nuevo sus expedientes ante juzgados de lo contencioso. Textualmente, se declaró la "nulidad de todas las actuaciones desde la admisión a trámite de la demanda" en un caso particular.

Esta es la pretensión que ahora se pone en entredicho. En un recurso de casación consultado por este medio, el abogado Alejandro Fuentes-Lojo sostiene que Aena no puede considerarse propiamente una Administración Pública. "Si bien Aena es una entidad del sector público, no reúne la condición de Administración Pública, por lo que los contratos suscritos con los operadores no son contratos públicos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. De este modo, el orden jurisdiccional competente en pleitos relativos a las medidas a adoptar para el restablecimiento del equilibrio contractual como consecuencia de la pandemia es el civil", explica el letrado. Fuentes-Lojo precisa que se trata de la primera iniciativa en este sentido tras el fallo del Supremo.

Herencia de la pandemia

De aceptarse la demanda de su cliente, un importante grupo de retail presente en El Prat, "se evitaría volver a empezar y no se dilataría más el conflicto". De esta forma, se zanjarían definitivamente las desavenencias entre las partes.

El origen de la pugna entre Aena y sus arrendatarios son las pérdidas millonarias ocasionadas con el parón de la actividad económica durante la crisis sanitaria. La crisis sanitaria redujo a prácticamente cero el tráfico aeroportuario, sobre todo en el pico de la pandemia en 2020.

Como consecuencia, los establecimientos comerciales ubicados en los aeropuertos dejaron de hacer caja. Pese a ello, la empresa mixta presidida por Maurici Lucena pretendió cobrarles las conocidas como rentas mínimas garantizadas (RMGA), si bien no de forma total sino flexibilizándolas según distintos periodos de afectación.

Las empresas afectadas recurrieron a la justicia y, además, lograron que el Congreso de los Diputados aprobase en 2021 una disposición en la Ley 13/2021 (que modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) para calcular las rentas en base al tráfico real de los aeropuertos.

En un inicio, la empresa mixta valoró en 1.500 millones de euros el impacto económico causado por dicha disposición para el periodo comprendido entre 2020 y 2025. Sin embargo, la rápida recuperación del tráfico aéreo disminuyó este roto hasta los 300 millones, dinero que la cotizada podría intentar recuperar de las tiendas de Barajas, El Prat y el resto de aeropuertos.

Nuevo escenario

Tras el posicionamiento del Supremo, Aena exigió la nulidad de todas las acciones legales anteriores en las causas abiertas. Hasta entonces, la compañía había perdido la inmensa mayoría de procedimientos. Mientras no cambie el estado de las cosas, el gestor aeroportuario también podría dar la batalla en la jurisdicción contencioso-administrativa para intentar que otra de sus bazas surta efecto: elevar al Tribunal Constitucional el mandato del Congreso. Hasta ahora no se ha aceptado ninguna cuestión de inconstitucionalidad. En la junta de accionistas de abril, Lucena reconoció que la decisión del alto tribunal, que tildó de "inesperada", dibujaba un nuevo escenario judicial.

Por otro lado, el primer directivo reafirmó que confiaba en alcanzar los 320 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles, cifra que aumentaría el tráfico un 3,4% interanual. Ello a pesar de la complejidad del tablero geopolítico. Aena se apoya en informes técnicos de ACI y OACI, para no modificar sus previsiones incluidas en la presentación de resultados de 2024.

Asimismo, Lucena reafirmó su voluntad de retribuir a los accionistas con "dividendos generosos". El actual pay out del 80% se mantendrá hasta 2026, ejercicio en que se replanteará la política de dividendos.