Javier Romero de Córdoba (Asagua): "Los planes hidrológicos no se cumplen porque no son realistas y pretenden hacer más de lo que se puede"

Las empresas integradas en Asagua, dedicadas a la construcción de infraestructuras del agua, a su operación y mantenimiento, llevan tiempo advirtiendo del deterioro que experimentan estas instalaciones debido al déficit de inversión acumulado en los últimos 15 años. Javier Romero de Córdoba, presidente de la asociación, explica en elEconomista.es cómo impacta este hecho en la correcta prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración y, más allá, las dificultades que entraña para hacer frente a la nueva regulación española y europea.

Según los cálculos de la asociación, el sector del ciclo urbano del agua acumula un déficit de inversión de más de 35.000 millones de euros. ¿Cuáles son las actuaciones más urgentes?

Gran parte del stock de capital público hidráulico necesita ser renovado a causa de su vetustez y otra parte actualizado. Además, son necesarias las nuevas infraestructuras que demandan los planes hidrológicos de cuenca, incluidas las que proporcionan recursos no convencionales como las desaladoras y los terciarios en las depuradoras que producen agua para múltiples usos excepto para consumo humano.

El ciclo urbano del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) necesita completarse con urgencia. Conseguir que todas las poblaciones tengan agua suficiente, que sus aguas residuales sean depuradas y que el saneamiento garantice con plena seguridad el medio ambiente, evitando pérdidas que contaminan el suelo, es el reto. Con respecto a la red saneamiento se impone decir que más de un tercio de esta necesita ser renovada con urgencia. También la de abastecimiento tiene la misma necesidad para evitar las pérdidas que se sitúan en torno al 30%. El agua no se puede desperdiciar.

El parque de infraestructuras no se agota con las del ciclo urbano del agua. Tenemos un variado elenco entre las que se pueden encontrar desde presas hasta canales. En estas ocurre lo mismo unas están envejecidas, otras necesitan ser actualizadas y todas requieren de una adecuada conservación.

En conclusión, se trata de construir nuevas infraestructuras, actualizar las existentes y conservar adecuadamente todas ellas.

Lo que hay que hacer, el cómo y el cuándo, debe resultar de los planes hidrológicos de cuenca y, en su día, del Plan Hidrológico Nacional, fruto de un pacto nacional por el agua. Los planes hidrológicos existen, el problema es que no se cumplen, entre otras razones porque no son realistas y pretenden hacer más de lo que se puede con los medios de los que disponen las distintas administraciones públicas. Además, los presupuestos que acompañan a las distintas actuaciones no son vinculantes y, por tanto, con cierta frecuencia no se llevan a cabo. Los planes hidrológicos han de ser objetivos, resultado de la aplicación de la ciencia y de la técnica al mundo del agua y obedecer a intereses generales, no partidistas.

La escasa inversión está impulsando el número de bajas en las licitaciones. ¿Qué soluciones plantea Asagua para hacer frente a este problema?

La Ley de Contratos del Sector Público exige a los órganos de contratación que establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades. Por tanto, su objetivo es adjudicar a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio. De algún modo la ley se violenta cuando establecida una pluralidad de criterios se otorga más valor al precio que a los que evalúan la calidad técnica de las ofertas. En la práctica la oferta económica más baja de las que superan la presunción de anormalidad recibe todos los puntos que el pliego otorga por este criterio. En cambio, los puntos que recibe la memoria técnica no se expanden y, en consecuencia, la oferta mejor valorada no recibe todos los puntos que para este criterio contempla el pliego.

Al decir la ley oferta económicamente más ventajosa quiere decir la de mejor relación calidad-precio, así se deduce de todo su contexto.

Para moderar las bajas y conseguir la mejor relación calidad-precio sin vulnerar los principios que rigen la contratación, existen una serie de herramientas que se pueden aplicar siempre que tengan la debida publicidad, se especifiquen en los pliegos y se formulen de forma clara y no produzcan discriminación.

Umbral de saciedad. Baja a partir de la que no se consigue un aumento significativo de puntos. Conlleva el empleo de fórmulas no lineales para puntuar la oferta económica.

Umbrales de temeridad. Tratan de evitar que se ofrezcan precios que hagan presumir el incumplimiento de la prestación.

Umbrales técnicos. Las memorias técnicas de baja calidad indican que el proyecto o anteproyecto no se conocen bien. Al establecerlos se quiere evitar que estas memorias sean objeto de adjudicación si van acompañadas de ofertas económicas que la posibiliten y ello para evitar conflictos durante la ejecución de la prestación. La oferta supera el umbral y juega o no aprueba y no juega. Igual para todos los licitadores.

Aumentar el valor de los criterios subjetivos. La ley no se opone, es más, admite que la memoria técnica tenga un valor superior al resto de los criterios, siempre que un comité de expertos haga la evaluación o se encomiende a un organismo técnico especializado.

Expandir la valoración atribuida a la memoria técnica. Sobre ello ya hemos hablado al principio.

Ninguna de estas herramientas es contraria a los principios que rigen la contratación, por ello se pueden incorporar a los pliegos.

Desde Asagua hemos hecho llegar estas ideas a muchas administraciones públicas sin éxito. También ha tenido igual fortuna la petición de que al menos la administración central y las autonómicas homogeneicen sus pliegos.

¿Qué inversión sería necesario aportar para que las empresas españolas puedan cumplir con la nueva Directiva de Aguas residuales?

La Directiva (UE) 2024/3019 tiene por objetivo la depuración de todas las aguas residuales urbanas, por ello se ocupa también de las pequeñas poblaciones, ya que según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente las pequeñas aglomeraciones urbanas ejercen una presión considerable en el 11% de las masas de aguas superficiales de la Unión, y por ello, el ámbito de aplicación de esta directiva debe incluir todas las aglomeraciones urbanas de un mínimo de 1.000 habitantes/equivalentes. Busca también la neutralidad energética y establece para este fin auditorías cada cuatro años.

Para su aplicación efectiva establece unos plazos que se alargan en función de la disminución del tamaño de las aglomeraciones.

Para conceptualizar el marco global de las actuaciones hace una serie de definiciones precisas, de entre las cuales destacan las que hace de los tratamientos terciario y cuaternario y de la responsabilidad ampliada del productor, que debe garantizar que los costes del tratamiento cuaternario corran, al menos en parte, a cargo de las industrias de que se trate y se complementen con otros tipos de financiación.

Para hacer realidad la directiva se necesitarán muchos recursos económicos, cuya valoración, por el momento de antoja presuntuosa.

Para poder evaluar esos recursos se hace imprescindible establecer un registro de las actuaciones necesarias en cada caso.

En líneas generales, hay que completar la red de depuradoras que faltan por construir con sus correspondientes colectores adaptándolas a la nueva directiva, lo que demandará de nuevos proyectos. Desvelar los complementos que necesitan las existentes, hacer los correspondientes proyectos y ejecutarlos y revisar la red de saneamiento y renovarla. Mucho trabajo si se quieren hacer bien las cosas.

Este trabajo lo han de hacer las administraciones públicas y publicarlo, estableciendo el calendario de las distintas actuaciones.

Poner en práctica la directiva es un reto importante que exige que se dediquen al agua muchos más recursos, lo cual demanda un cambio de mentalidad en las clases dirigentes. Con las inversiones actuales lo único que se conseguirá es aumentar el déficit y no tener las aguas depuradas en los plazos que marca la directiva. Para evitarlo que las administraciones públicas vayan pensando en aportaciones anuales para el agua muy superiores a las actuales y en la colaboración público-privada.

Los fondos Next Generation deberían estar concluidos en 2026. ¿Existe margen para ejecutarlos? ¿Es viable hacerlo?

De los 69.528 millones de euros procedentes de transferencias en el periodo 2021-2023, solo 2.091 millones de euros están dedicados al agua, lo que supone el 3% del total. Con ellos se están construyendo nuevas infraestructuras y actualizando otras, lo que es bueno. Sin embargo, desconocemos por falta de información procedente de las administraciones públicas cual será el impacto. Esperamos que en cumplimiento de la trasparencia que debe acompañar a las actuaciones de las administraciones lo tengamos en su momento.

Teniendo en cuenta que el déficit de infraestructuras acumulado a partir de los años 2007-2008, solo para el caso del ciclo urbano del agua, está en torno a los 35.000 millones de euros. Que cada cual saque su conclusión sobre el impacto que tendrán los 2.091 millones de los fondos de recuperación.

Hoy en día no sabemos el importe de lo adjudicado y por tanto del pendiente. Lo adjudicado, se supone que estará concluido en 2026, pero todo depende de las incidencias que surjan durante la ejecución de las actuaciones. Lo no adjudicado, si de infraestructuras serias se trata, no estará concluido en 2026. Si ocurre como en el resto de fondos europeos, habrá prorroga.

El Gobierno ha comenzado a preparar la planificación hidrológica de cuarto ciclo, pero todavía falta por ejecutar casi la mitad de la inversión prevista para el periodo 2022-2027. Para alcanzar los objetivos ¿Cómo valora la evolución de los objetivos previstos para el periodo 2022-2027?

Es pronto para hacer valoraciones; estamos iniciando 2025.

Si se quiere se pueden cumplir los objetivos previstos. El problema principal sigue siendo el de las inversiones, que al no ser vinculantes se pueden obviar, cambiar y retrasar sin que medie ninguna responsabilidad. Absurdo, pero así es.

Como hemos indicado en preguntas anteriores y venimos denunciando durante años, hay problemas adicionales que dificultan el cumplimiento de los planes hidrológicos. Las medidas superan la capacidad de las administraciones responsables de su cumplimiento y las inversiones ni son sostenidas ni sostenibles. Además, son escasas y no se cumplen; en el programa de calidad de las aguas hay años en que el grado de cumplimiento se sitúa en torno al 50%; razonar sobre esto sería objeto de un debate especial.

Conviene recordar que el cumplimiento del anterior ciclo de planificación, dicho por la propia administración, se situó en torno al 50% ¿Cuántos daños se hubieran evitado si se hubiera cumplido al 100%?