Infraestructuras y Servicios

Aenor lanza una certificación de 'compliance' para avalar buenas prácticas en competencia empresarial

  • Este nuevo sistema garantiza un modelo organizativo de buenas prácticas en la libre concurrencia
Mayrata Conesa, manager de compliance y buen gobierno de Aenor.

Víctor de Elena

La certificadora Aenor pone en marcha un nuevo sello para aumentar las garantías en materia de libre competencia empresarial ante el auge de las políticas de cumplimiento normativo y regulatorio (compliance) en las corporaciones, un hecho constatado por la compañía tras emitir más de 400 certificados de este área a empresas desde el año 2017. La nueva certificación de "Compliance en materia de libre competencia" está basada en la norma UNE 19603 y se une a otras ya existentes en los ámbitos del compliance tributario, sociolaboral o penal.

La mencionada norma fue propuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia y en su diseño también ha participado la Autoridad Catalana de Competencia. Su redacción se ha basado en los requisitos fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su guía de compliance. Para Mayrata Conesa, mánager de buen gobierno de Aenor, esta solución es "un contenido de altísima calidad, porque está basado en los conocimientos de las autoridades y de los despachos profesionales que mas saben de competencia".

La solución diseñada por Aenor contempla un sistema de gestión en relación con las obligaciones y riesgos que afectan a las organizaciones en materia de libre competencia, obligando a la compañía a gestionarlas, a evaluar los posibles riesgos a los que se ve sometida y a establecer controles a estos riesgos, incluidos canales de denuncias. Además, permite potenciar la gobernanza, el liderazgo y la cultura empresarial al afectar a todos los estamentos de la compañía.

Para la experta, esta solución no es sólo un territorio de grandes empresas, sino que cada vez son más las medianas que, arrastradas por el efecto tractor de las primeras, han de contar con estas certificaciones: "Los sectores más sensibles a esta materia son los que trabajan con las administraciones públicas, que tienen mayores riesgos de vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia o que, por su actividad, tienen un posicionamiento que les puede llevar a dominar un mercado", explica, poniendo como ejemplo a las empresas que conforman consorcios (UTE) y participan en licitaciones públicas.

"La experiencia nos dice que las certificaciones son apreciadas por los inversores y accionistas. Están muy presentes en las operaciones corporativas y han ido adquiriendo relevancia en ese ámbito, porque permiten aligerar las due diligence de bancos e inversores. Son garantía de que detrás de la empresa hay un modelo organizativo basado en estos compromisos, por lo que está muy relacionado con la gobernanza ESG, que contribuyen a la sostenibilidad de las empresas", concluye.