Los fondos cargan contra Celsa: la empresa no podía pagar antes del coronavirus

El grupo de fondos y bancos acreedores de Celsa ha abierto una batalla judicial para tratar de recuperar la deuda que mantiene la compañía de la familia Rubiralta de más de 800 millones o quedarse con la mayoría del capital.

Este grupo de inversores, entre los que se encuentran firmas de la talla de Goldman Sachs, Deutsche Bank, Canyon, CVC, Goldentree y Sculptor, ha presentado al Juzgado de primera instancia de Madrid un informe pericial en el que trata de desmontar los argumentos dados al juez por la compañía para que aceptara la medida cautelar solicitada con el objetivo de suspender el pago de sus compromisos financieros el pasado 4 de mayo.

Celsa invocó el 30 de abril una medida poco habitual en el ordenamiento jurídico español: la cláusula rebus sic stantibus en la que se insta a anular contratos existentes por el cambio de circunstacias provocado por el coronavirus.

El juez, en contra del uso habitual del pacta sunt servanda (lo pactado obliga), aceptó las cautelares reclamadas por la compañía y eximió del pago a la empresa.

Desde entonces, el enfrentamiento judicial entre los acreedores y la compañía se ha incrementado y ahora ya puede calificarse de una guerra abierta.

Celsa presentó al juzgado el pasado 2 de junio un informe elaborado por Ayuso, Laínez y Monterrey (ALM), para tratar de demostrar el impacto generado por el Covid y ahora los fondos han enviado al juez su réplica en la que cargan contra el informe del grupo catalán.

El estudio, realizado por la consultora Fti -experta en este tipo de informes periciales-, asegura que "con anterioridad al Covid era posible prever el incumplimiento del covenant de caja y el ratio de apalancamiento a finales de 2020".

En dicho análsis, al que tuvo acceso elEconomista, se asegura que desde el inicio del primer trimestre de 2019 existe una tendencia negativa de las ventas de Celsa que se extienden durante todo el ejercicio, registrándose un descenso de 91 millones en comparación con 2018, lo que representa una caída del 3,5%.

La tendencia además era negativa: lass ventas reales de 2018 fueron 67 millones menores que las previstas en el Presupuesto. Las registradas en 2019 fueron 277 millones menores, lo que representaba un del 9,8% menos ante problemas como una producción y consumo de acero a la baja por la caída de la construcción y las ventas de coches.

Fti realiza un análisis de la capacidad de pago de las cuotas pendientes en 2020 partiendo de las previsiones de Celsa.

Según dicho informe, a fecha 30 de abril de 2020, la liquidez de Celsa era más que suficiente para afrontar el pago de mayo por importe de 34.397.764 euros, pero los problemas aparecían a finales de año y no permitían atender el servicio de la deuda hasta 2022.

Bajo las hipótesis asumidas por Fti y partiendo de las propias previsiones del Grupo Celsa, la caja estimada al final de 2022 ascendería a 203,8 millones de euros. Dado que el capital y los intereses pendientes en 2022 del llamado Contrato Jumbo 2017 ascenderían a 807,8 millones de euros, el Grupo Celsa no tendría capacidad para hacer pago a las cuotas pendientes, indica el informe pericial.

Tampoco al cierre del 2021 el Grupo Celsa tendría capacidad de cubrir las cuotas acumuladas de 2020 y 2021. Al cierre de dicho ejercicio la caja final sería de 118,6 millones de euros. Esta caja sería insuficiente para repagar las cuotas aplazadas del ejercicio 2020 (137,6 millones de euros), así como las cuotas referentes al ejercicio 2021 (168,4 millones de euros).

Con estas previsiones, los fondos destacan que se produjo la venta de la deuda en el mercado secundario, por parte de ciertas entidades financieras, con descuentos por encima del 20% del valor nominal, lo que en opinión de FTi indica "que el tenedor de la misma desconfía de la capacidad de pago del deudor".

El Informe de ALM, por contra, centra su análisis en un período de apenas dos meses (marzo y abril de 2020), obviando la evolución financiera del grupo durante, por ejemplo, todo el ejercicio de 2019, período en relación al cual Fti asegura encontrar numerosos indicadores del deterioro progresivo de la situación financiera del Grupo Celsa.

Celsa ha realizado en los últimos diez años tres refinanciaciones en 2010, en 2012 y en 2017 y Fti recuerda que ya entonces BDO- que actuaba como experto independiente- consideraba que sería necesaria una refinanciación en 2022 porque la empresa no podría atender al pago.

Celsa, por su parte, asegura que la petición de moratoria obedece única y excluisivamente al impacto generado por las excepcionales circunstancias económicas y de alteración del negocio derivadas de la pandemia. La compañía aseguró a elEconomista que "sin esta impacto extraordinario para Celsa ( como para la mayoría del tejido industrial español) no habría sido necesario recurrir a la petición de medidas que son cautelares y preventivas". La empresa insiste además en que hasta el primer trimestre de 2020 "Celsa ha cumplido con todos sus compromisos y covenants".