Industria pone en duda la solvencia del Grupo Riesgo y vigilará la venta de las plantas de Alcoa

El ministerio de Industria ha reunido hoy a la mesa encargada del seguimiento de la inversión del fondo suizo Parter en las antiguas plantas que Alcoa tenía en Avilés y La Coruña. El encuentro ha servido para mostrar las dudas que gran parte de los miembros de este grupo mantienen sobre la operación de venta de las plantas y la solvencia del Grupo Riesgo, nuevo accionista de control. De hecho, el propio secretario general de Industria, Raül Blanco, preguntó al representante de Parter si habían comprobado el nivel de solvencia de sus socios, así como de la planta holandesa que les tendrá que nutrir de chatarra y el propio representante del fondo suizo reconoció que no había sido corroborada.

En dicha reunión tanto los propios representantes del Gobierno como los sindicatos y el Gobierno regional de Asturias expresaron sus dudas sobre los planes del fondo suizo con su nuevo socio, que tomó la mayoría del capital apenas nueve meses después de la venta, y pese al compromiso del anterior propietario de mantener el control durante dos años, así como el empleo. La operación además se realizó, tal y como indicaron en la reunión, sin el conocimiento ni del Gobierno nacional, ni de los regionales, lo que generó un profundo malestar.

Alcoa, de hecho, ya notificó el pasado viernes a Parter que consideraba que las condiciones del acuerdo de compraventa que habían alcanzado entre ambas partes no se estaban cumpliendo pero por el momento la empresa no ha indicado si esto supondrá un choque judicial con el fondo o un arbitraje para resolver el conflicto. En cualquier caso, fuentes consultadas, indican que si la empresa estadounidense suspendiera el pago previsto en el acuerdo -que ascendía a 95 millones de dólares- podría afectar al cobro de las nóminas de los trabajadores de ambas plantas, un extremo que preocupa notablemente al Gobierno.

Alcoa, al no ser propietario ya de las plantas, no estaba incluida ayer en la reunión.

El Ministerio de Industria aseguró en dicho encuentro que se mantendrá vigilante en el cumplimiento de la legalidad, así como de los compromisos adquiridos con Alcoa de mantener la carga de trabajo y el empleo hasta el año 2021 frente a peticiones por parte de los sindicatos de una mayor intervención estatal.

Por el momento, el Ejecutivo no ha querido entrar en la legalidad de la operación entre Parter y Grupo Riesgo y dejará ese extremo en manos de Alcoa, según fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión.