La ONU pide a Libia la liberación de 18 periodistas y 86 manifestantes, entre ellos Manu Brabo

Un equipo de investigadores de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a las autoridades de Libia que liberen a 18 periodistas, tanto libios como extranjeros, y a 86 manifestantes, después de realizar una visita al país magrebí que se ha prolongado durante tres semanas.

Entre los extranjeros que permanecen bajo custodia de las fuerzas del régimen figura el fotógrafo español Manu Brabo, interceptado en las inmediaciones de la ciudad de Brega a principios de abril.

La delegación de Naciones Unidas, encabezada por el egipcio experto en crímenes de guerra Cherif Bassiouni, ha recabado durante las últimas semanas testimonios en hospitales, centros de detención y los lugares donde se produjeron distintos hechos denunciados.

Los tres investigadores se reunieron durante su viaje con el ministro de Justicia libio, Muhamad Umuhamad al Qamodi, y entrevistaron a civiles retenidos en la prisión de Jdeida. Estas personas habrían sido encarceladas en febrero y marzo, en el marco de las revueltas iniciadas para pedir la salida del dirigente libio, Muamar Gadafi.

"Las autoridades prometieron analizar el asunto con vista a liberarlos en los próximos días", ha explicado el equipo en un comunicado en el que hace especial mención al caso de Eman al Obeidi, que denunció en marzo haber sido violada por fuerzas leales al régimen. El equipo de Naciones Unidas ha pedido a Trípoli que garantice a esta mujer "un permiso para abandonar el país".

Por zonas

Los tres expertos también visitaron durante su viaje, que se prolongó durante tres semanas y concluyó el pasado viernes, las ciudades de Trípoli, Zawiya, Benghazi, Tobruk y Al Bayda, así como los campamentos de refugiados habilitados en zonas fronterizas de Túnez y Egipto.

Entre los lugares analizados figuran un centro médico de Benghazi y un hospital de Al Jalaa donde entrevistaron a más de una treintena de pacientes heridos en los combates entre las fuerzas de Gadadi y las tropas rebeldes. En Bengazhi, sede del órgano administrativo de los sublevados, también se desplazaron a un centro de detención en el que había soldados del Ejército y supuestos mercenarios.

La comisión de la ONU "ha recordado a las autoridades la necesidad de tratar a todos los detenidos de acuerdo con los estándares internacionales" y ha dirigido una advertencia a las dos partes en el conflicto, diciéndoles que analizarán las violaciones de Derechos Humanos cometidas por ambas y que trasladarán cualquier prueba al Tribunal Penal Internacional (TPI).