Los indígenas comienzan a retirarse en Perú
Pero mientras los manifestantes congregados en Bagua Grande, en el departamento de Amazonas, esperaban el transporte terrestre ofrecido por las autoridades, los dirigentes indígenas aseguraron que la protesta antigubernamental seguía en pie y negaron que su líder nacional, Alberto Pizango, hubiera huido al extranjero.
La presunta huida de Pizango fue aprovechada el fin de semana por García para denunciar que las protestas, el mayor desafío al que se ha enfrentado en sus casi tres años de segundo mandato, formarían parte de una "conspiración anti peruana" alentada por gobiernos extranjeros "competidores", que no identificó.
Medios locales advirtieron que la tensión continuaba, porque independientemente del repliegue campesino desde Bagua Grande, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, otros miles de indígenas mantenían bloqueada una carretera en la también zona amazónica de Yurimaguas.
La defensora del pueblo, Beatriz Merino, dijo que el Gobierno comunicó que intentaría despejar el lunes una carretera entre las poblaciones de Yurimaguas y Tarapoto, donde, según señaló, estarían movilizados "unos 5.000 indígenas".
"Exhorto a la paz, a que no se repitan hechos de violencia lamentable (...), todos tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad y poner nuestra cuota de contribución para que este problema no vaya a escalar", dijo Merino a radio RPP.
El paradero de Pizango, contra quien la justicia emitió una orden de captura, continuaba siendo un misterio aunque sus allegados aseguraron que estaba refugiado en Lima.
"Nuestro líder está aquí, dialogando con los líderes de la Amazonía (...), él no está huido, simplemente está garantizando su vida", dijo en conferencia de prensa en la capital peruana la dirigente Deisy Zapata, de la organización nacional de los indígenas conocida por su sigla AIDESEP.
REPLIEGUE
Casi 800 indígenas de varias etnias hallaron refugio en un centro católico de Bagua Grande tras protagonizar el viernes y sábado choques con la fuerza pública en una carretera y en una estación de extracción del oleoducto principal del país.
Líderes indígenas dijeron que la violencia dejó al menos 30 manifestantes muertos, pero el Gobierno informó de que hasta el lunes había confirmado el deceso de sólo nueve indígenas, además de 24 policías y cuatro pobladores de Bagua Grande.
La violencia en las ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica estalló cuando la policía y el ejército intentaron dispersar a los indígenas que bloqueaban una carretera regional, al día siguiente de que el Congreso desistiera de revisar un polémico paquete de leyes pro inversiones.
Los indígenas consideran que esas leyes -defendidas por el Gobierno de García como imprescindibles para atraer inversiones hacia los hidrocarburos y otros recursos de la selva- violan los derechos derechos de los pueblos "originarios" sobre el territorio amazónico.