Después de una investigación impecable de la policía, de un éxito sin paliativos contra el crimen organizado, la falta de pericia del juez Fernando de Andreu, de la Audiencia Nacional, podría dar al traste con toda la operación. Un error de plazos ha abierto la puerta a que una buena parte de los dirigentes de la trama asiática, incluido su cabecilla, Gao Ping, puedan quedar en libertad en los próximos días.La ley establece que un magistrado tiene 72 horas desde que se produce la detención de un individuo para ordenar su ingreso en prisión. Pero en este caso, dado que los registros y las redadas de la policía se alargaron en el tiempo durante dos días, cuando el juez comenzó a decretar el encarcelamiento de varios de los miembros de esta mafia ya se había superado dicho plazo. El magistrado había interpretado que el tiempo comenzaba a contar una vez que habían finalizado todas las actuaciones policiales. Consciente de su metedura de pata, el juez asume la culpa. "El único responsable soy yo aunque sigo pensando que no me he equivocado. Lamento que el trabajo de policías, fiscales y funcionarios pueda verse empañado por una decisión que, según la Sala, es errónea", ha señalado Andreu. Y es que ayer, un mes después desde que se produjera la desarticulación de esta trama en la denominada Operación Emperador, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó "la inmediata puesta en libertad" de Kay Yang, uno de los imputados en el caso. La prórroga de su detención, según los magistrados de la Sala, es ilegal por haberse tramitado fuera de plazo. En concreto, las detenciones se llevaron a cabo entre el día 16 de octubre y el 18 mientras que los autos del juez Andreu no se dictaron hasta los días 19 y 20 de ese mismo mes. Malestar La Fiscalía, que ha acogido con malestar la decisión de la Sala de lo Penal, entiende que el auto afecta también a una veintena de detenidos, entre los que se encuentran Gao Ping, su esposa y el cabecilla de la trama de extorsión, Hay Boo. En todo caso, los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, pedirán la imposición de medidas cautelares para los cabecillas de la trama que podrían ir desde la retirada del pasaporte hasta la imposición de comparecencias periódicas en la Audiencia Nacional o el juzgado más próximo a su domicilio.