Los colegios de abogados se plantan contra la 'laboralización' de su profesión

La abogacía española considera una aberración jurídica el borrador de decreto presentado por el Ministerio de Trabajo el pasado 19 de julio para regular la relación laboral especial de los abogados que trabajan en despachos colectivos. El texto de este borrador se puede consultar en elEconomista.es.

Lo que pretende el Gobierno altera de forma sustancial, según la abogacía, la jurisprudencia social al extender el carácter laboral a todos los abogados que trabajan en despachos, incluso aunque acrediten que tienen libertad de horarios, de criterio para organizar su trabajo y aceptar o rechazar asuntos, o una posición débil o nula de dependencia jerárquica en el despacho. Es decir, aunque demuestre que no es un empleado sino lo que la justicia denomina un profesional liberal.

Más sorprendente aún es que el decreto reconozca como supuesto salario laboral, un sistema retributivo variable que dependa de los ingresos generados por cada abogado; y atribuya falta de exclusividad a un abogado que goce de libertad para defender, asesorar y minutar a clientes propios, al margen de otros que le proporcione el despacho.

Por esta vía, en la práctica, el decreto acabará laboralizando a todos los abogados que no sean los socios titulares de los despachos. Un criterio tan amplio, que tendría un gran impacto sobre la profesión, si no se modifica su redactado. La relación laboral que afectaba a no más de 20 por ciento de la profesión, podrá aplicarse casi al 80 por ciento de los abogados españoles, según los cálculos de la abogacía.

Éstas son algunas de las principales críticas al proyecto que presentó el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el pasado miércoles, a los responsables del Ministerio de Trabajo en un documento con 20 enmiendas al borrador de decreto.