Pymes y Emprendedores
Los periodos de adaptación no reduce la deuda de las Administraciones
- Faltan por resolver aún algunos interrogantes, como el pacto de aplazamientos
Bruselas está dispuesta a reducir al mínimo la morosidad de las Administraciones Públicas en todo el ámbito de la Unión Europea, y de ahí la promulgación de la Directiva que obliga a todos los niveles administrativos a pagar facturas en un periodo máximo de 30 días desde este mismo año.
Ahora bien, y a pesar de que el día 16 de marzo acabó oficialmente el plazo fijado para la transposición de esta norma europea, faltan por resolver todavía algunos interrogantes, por ejemplo, cómo queda la posibilidad, por ahora no aplicable en España, de que las partes puedan pactar un aplazamiento de los plazos de pago legales.
Además, la realidad es que todas las Administraciones parten de unas demoras en los abonos de facturas muy abultadas, que superan con creces lo establecido en la Ley.
Y no sólo en los países de la periferia del euro o en los Estados miembros que están bajo la lupa de la troika, sino en la generalidad de Europa.
Fin al periodo de gracia
Y ello, a pesar de los periodos transitorios, que se establecieron para que el sector público tuviera tiempo de ir poniéndose al día con sus deudas de una manera gradual. En concreto, en España, la Ley 15/2010, de 5 de julio, fijó para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 unos periodos de adaptación, de forma que tanto las empresas privadas como las Administraciones Públicas pudieran ir ajustándose progresivamente a la legislación, aligeraran su carga de deudas y pagaran a un plazo temporal más corto.
Acabados estos tres periodos de gracia, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos -y el Estado en menor medida- están en una situación de clamorosa demora en cuanto a su diligencia en pagar los productos y servicios de sus proveedores.
De hecho, del único estamento que se tiene una información detallada y puntual es del Estado, que elabora y publica trimestralmente un informe sobre plazos de pago de la Administración. El informe es elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) desde 2010.