Las Administraciones Públicas tardan todavía 155 días en pagar sus facturas

Los retrasos e impagos de las Administraciones Públicas son una lacra que ahoga a las empresas europeas, sobre todo pymes, y particularmente a las de los países del sur. Así, el sector público español mejora a paso de tortuga sus plazos de pago, ya que tan sólo ha reducido en cinco días el tiempo que tarda en abonar las facturas a sus proveedores y acreedores.

Pese a este ligero avance, aún emplea 155 días en ponerse al corriente de sus compromisos de pago, muy lejos de los 30 días que dicta la Directiva europea -en vigor desde marzo-. Éstas son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por la multinacional sueca Intrum Justitia, con datos del primer trimestre de 2013.

La comparativa europea arroja marcas igualmente desoladoras para nuestro país, ya que sólo las Administraciones Públicas de Italia (170 días) y Grecia (159 días) pagan con mayor retraso a sus empresas. Una tercera plaza que se vuelve segunda si se considera el comportamiento de los consumidores y compañías: España es el segundo país con el plazo medio de pago más largo (99 días), sólo superado por Italia (133 días).

Liquidez y beneficios, tocados

Según la encuesta de Intrum Justitia, las empresas sufren el embate de varios problemas cruzados: la falta de crédito y su carestía, a lo que se suman las pérdidas por impagos. Unas pérdidas que son distintas entre el norte y el sur de la UE, ya que sólo cuatro de los 31 países encuestados muestran una mejoría en sus pérdidas por morosidad (Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia). España se mantiene estable con relación al año pasado, al anotar el 2,7%, lo que supone 25.400 millones de euros.

En toda Europa, la cantidad de facturas que origina pérdidas por impagos se ha incrementado del 2,8 al 3 %, alcanzando los 350.000 millones de euros.

Asimismo, una mayoría abrumadora de empresas españolas (el 80%) presenta problemas de liquidez derivados en los retrasos de los pagos, una situación que no mejora con respecto al año pasado y que contrasta con la media europea del 57%.

Sin gran impacto

Otro resultado de este informe sobre plazos de pago y morosidad es que, a pesar de que hay cada vez más empresas que conocen la nueva Directiva europea -75% frente al 66% del año pasado-, el 84% cree que no ha tenido un gran impacto en los plazos de pago.

Y lo mismo se repite respecto a la Ley española de Lucha contra la Morosidad, que fija 30 días como tope para que las Administraciones salden sus deudas a proveedores.