Así son las nuevas leyes hechas a la medida de las pymes y autónomos

Montar una empresa desde una ventanilla única, contar con ventajas fiscales para atraer a un business angel o poder acceder a una fuente de financiación pública para iniciar un negocio son algunas de las reclamaciones de vienen realizando colectivos de pymes, autónomos y emprendedores como medidas para reactivar la economía.

Son también algunas de las iniciativas que varias comunidades autónomas tienen previsto incluir en sus próximas reformas legislativas.

Alguna ya lo ha hecho, como Baleares, que esta misma semana ha aprobado su Decreto Ley de Apoyo a los Pequeñas y Medianas Empresas, con la intención de crear un nuevo marco regulatorio que favorezca, por un lado, la creación de nuevas empresas y, por otro, la actividad de éstas en su relación con la Administración.

La normativa balear cuenta como principal medida la creación de dos sociedades mixtas para apoyar financieramente a las pymes, con un fondo de capital semilla y una línea de avales para emprendedores.

También se incluye el establecimiento de un sistema normativo, fiscal y económico para favorecer la inversión a través de los business angels en la fase de capital semilla y el impulso de ventanillas únicas para la creación de empresas.

"Todas estas medidas están muy bien e indican un interés por parte de los políticos de favorecer el emprendimiento, pero en la práctica las vemos vacías de contenidos porque no se indican dotaciones económicas ni se especifica en el texto cómo se va a articular", valora Rafael Rubio, presidente de la asociación de pymes Pimem, en Mallorca.

El modelo a seguir

Donde sí tienen el articulado completo y definido es en el País Vasco, la región pionera en llevar a su Parlamento una Ley del Emprendedor pensada específicamente en las necesidades de pymes, autónomos y emprendedores con el consenso de sus fuerzas políticas. A pesar de que el texto fue propuesto hace ya casi un año, desde marzo pasado está bloqueado a iniciativa de las tres diputaciones provinciales, que aseveran que su aplicación invade sus competencias fiscales.

El modelo vasco, en el que se ha basado el nuevo marco regulatorio aprobado en Baleares, contempla como medida principal la obligatoriedad de que las Administraciones Públicas paguen en un plazo máximo de 25 días a los proveedores que acrediten ser microempresa (hasta 10 empleados y 1 millón de facturación).

También incluye la capitalización del cien por cien del paro para montar un negocio, la eliminación de cargas administrativas para realizar trámites con la Administración, la creación de un directorio de business angels, la regulación de ayudas del cien por cien de las tasas locales de inicio de actividad, la subvención de los gastos por la salida al MAB de las pymes, o la inclusión de un asignatura sobre emprendimiento en los ciclos formativos superiores.

Plan manchego

En Castilla-La Mancha, la asociación Cecam, adscrita a Cepyme, ha recibido con optimismo la tramitación de la ley de emprendedores manchega, que el ejecutivo regional prevé sacar adelante antes de final de año. En ella se destaca que las pymes y autónomos tendrán prioridad en los cobros de la Administración, así como se incluyen incentivos para las pymes que contemplen medidas de conciliación.

También apuestan por el impulso de la ventanilla única y la vía telemática a fin de reducir trámites burocráticos entre pymes y Administración. Sin embargo, Cecam lamenta que no se incluyan otras soluciones que sirvan para impulsar la financiación, como "habilitar apoyos e incentivos fiscales a la hora de crear una empresa, así como en facilitar el acceso a la financiación por medio de distintos mecanismos como avales y líneas de financiación efectivas", indican desde esta asociación empresarial.

Otra región que medita el desarrollo de una ley específica para pymes es Aragón, donde Upta ha presentado un proyecto que incluye la creación de un fondo financiero para microcréditos sin aval hasta 25.000 euros, y una política fiscal propia para autónomos.