Litigios entre las pymes: decidirse por el arbitraje o el juicio, he aquí el dilema

Las empresas, como las parejas, son propensas a tener problemas entre ellas. Sobre todo por incumplimientos de contrato. Pero a falta de divorcio exprés o terapia matrimonial que lo solucione, las empresas pueden escoger entre la solución amigable del arbitraje o ir directamente a juicio. Tiempo y coste son las dos ventajas que se asocian a los procesos de intermediación, pero el lado arbitral no tiene poder ejecutivo y acaba dirigiéndo las empresas al juzgado.

¿Cuál les conviene más? Las cifras señalan que con referencia al año pasado, las demandas de arbitraje conjuntas pactadas después de surgido el conflicto han crecido un 25% en España en los primeros meses de este año y se espera que durante 2009 este porcentaje aumente hasta el 40%, según la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade).

Más datos. En 2008, esta asociación tramitó 480 asuntos de arbitraje, de los que 85 correspondieron a pymes, y la cuantía media del conflicto ascendió a 65.000 euros.

¿Por qué optan por un árbitro en vez de un juez? Las empresas aluden a ventajas como el tiempo, ya que existe la posibilidad de obtener un laudo en unos cuatro meses en asuntos de cuantías menores a 150.000 euros. Aunque el árbitro Gonzalo Stampa señala que "más que el tiempo, lo importante es la dedicación especializada".

¿Más barato?

¿Y qué pasa con el precio, que ahora más que nunca es requisito imprescindible? Hasta ahora, se creía que el arbitraje era una solución notablemente más barata que acudir a juicio, pero hay que hacer matices. Javier Iscar, secretario general de Aeade, lo puntualiza: "El coste de un abogado y un procurador puede ser de unos 12.000 euros, y el de un arbitraje puede suponer un 20 o un 25% más. Pero el coste indirecto de un juicio nadie lo ve".

En cualquier caso, con crisis o sin ella los motivos de conflicto entre empresas han variado poco. El incumplimiento de contrato sigue siendo el mayor problema, mientras que en el sector de las franquicias son la renovación de contratos, el suministro y el espacio de exclusividad los principales argu- mentos, según confirma Nerea Arriola, gerente de la Asociación de Defensa del Franquiciado (Aedef). Lo único que ha cambiado es que hay mucha más impaciencia, según Javier Iscar.

Jaime Bosqued es socio de una agencia de comunicación y tiene un arbitraje entre sus experiencias profesionales recientes. "Contratamos a unos señores para hacer una base de datos como trabajo puntual y se alargaron los plazos más de lo debido. Así que prescindimos de ellos, pero cometimos el error de no comunicárselo en un plazo de 30 días como aparecía en el contrato, así que nos llevaron a arbitraje".

La experiencia, para él, no ha podido ser más enriquecedora. No sólo se resolvió el tema en poco más de cuatro meses, sino que el laudo les dio la razón y tuvieron que pagar los 30 días de preaviso, no el año que les pedían en un principio. Total, unos 400 euros.

Mala experiencia

Pero tampoco es el procedimiento perfecto. Almudena Mendoza, letrada de Aedef, señala que el problema del arbitraje es la desconfianza. "El franquiciador que lo incluye en una cláusula provoca desconfianza en el franquiciado. E incluso a veces se puede considerar como una medida de presión, como si quisiera advertirse no va a ser fácil reclamarme", cuenta.

Lo cierto es que hay empresas que reniegan del arbitraje como fórmula. Que se lo digan a Antonio Carroza, consejero delegado de la compañía Alquiler seguro. "Por nuestra experiencia desfavorable, siempre hemos pensado que no es una solución positiva entre particulares", dice.

Explica que si un inquilino deja de pagar, el propietario puede acudir al arbitraje, pero si aquél no lo acepta no se puede hacer nada. "Porque el laudo no supone ningún tipo de poder ejecutivo, así que al final toca ir a juicio", dice.

Por no hablar de otras incoherencias que tiene el proceso: "¿Quién se supone que es el solvente de los dos? El propietario ¿Y quién acaba pagando el laudo? El que lo pierde".