Pymes y Emprendedores
Los jueces exigen leyes contra delitos electrónicos
El empresario que haya sido víctima de una estafa por internet debería pensarse dos veces si acude a los tribunales. La ausencia de una legislación específica sobre delitos electrónicos y la carencia de medios para investigarlos pueden dejar impunes los numerosos fraudes que se producen a diario a través de una herramienta de trabajo como Internet.
El timo online conocido como phising -e mails que envían falsas entidades bancarias para sacar datos personales de clientes- o el denominado pharming -correos que te ofrecen ganar dinero fácil y que no tienen otro fin que el blanqueo de dinero de procedencia ilícita- no están tipificados en España, lo que obliga a los jueces a poner límites legales a ese tipo de conductas "a golpe de jurisprudencia", como afirmó ayer el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza.
La ausencia de normas específicas se une a las dificultades para perseguir estos delitos, al ser cometidos en la mayoría de los casos desde terceros países, con Asia y Europa del Este a la cabeza. Por ello, Maza recomendó, en tono socarrón, que si alguien tiene pensado cometer un fraude lo haga a través de internet. Un ejemplo: la falsificación de un cheque supondría, tras las correspondientes pruebas caligráficas, un delito de falsedad en concurso con otro de estafa. Sin embargo, un fraude similar a través de internet saldría más "barato", al no existir la posibilidad de una falsedad virtual.
Pero no todo se reduce al phising o al pharming. La introducción de virus en la red, el tráfico de pornografía infantil, la presentación por Internet de objetos para cometer delitos -cómo hacer una bomba casera, por ejemplo- o la mera falsificación o clonación de tarjetas de crédito, son otros de los delitos electrónicos más frecuentes que tampoco tienen una respuesta específica en nuestro país.
Durante su participación en un seminario sobre pruebas electrónicas organizado por Cibex, José Manuel Maza recordó que España tampoco ha cumplido con la Decisión marco de la UE sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Esta disposición obligaba a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias antes del 31 de diciembre de 2000 y, según este magistrado, nuestro país aún no ha hecho nada.
Por su parte, Eduardo de Urbano, magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, también advirtió de la "insuficiente" regulación legal que existe sobre esta materia y señaló que a menudo los jueces optan por una aplicación análoga de las leyes existentes.
Uso laboral de Internet
Existen dos corrientes jurisprudenciales respecto a la forma lícita que tiene el empresario para comprobar si el uso que hace el trabajador de internet es o no abusivo. Hay magistrados que sostienen que el control del correo electrónico por parte de la empresa es siempre lícito. En cambio, otros, entre ellos José Manuel Maza, opinan que los derechos fundamentales del empleado no se verían afectados si se le avisa de que en cualquier momento puede haber una injerencia en su privacidad.En cualquier caso, la intervención del correo electrónico, como la del correo ordinario o los llamados pinchazos telefónicos, serán siempre legales si media una autorización judicial suficientemente motivada.