MADRID. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el grupo Santander iniciaron ayer el periodo de suscripción de su Fondo de Carbono, el primero que se crea con participación pública y privada, para que las empresas españolas que necesiten derechos de emisión de CO2 puedan acudir al mercado global obteniendo precios preferentes de compra.Entre los sectores afectados por el Plan Nacional de Asignación de derechos (PNA), que cumple con las exigencias del Protocolo de Kioto, hay muchas pequeñas y medianas empresas (de sectores como el cerámico, el de papel y pasta, las plantas de combustión, etcétera) que tendrán que reducir sus emisiones o bien comprar derechos de emisión que las compensen si no quieren verse expuestas a las sanciones (a partir de 2008, 100 euros por cada tonelada de CO2 emitida superior a las permitidas).Para muchas de estas empresas, acceder al mercado global de emisiones no es tarea fácil, es de reciente instauración y está sujeto aún a mucha volatilidad, desde el Gobierno se ha estimado que el precio de referencia se estabilizará en unos 11-15 euros, "pero se ha llegado a pagar hasta 30 euros por tonelada", recordó ayer el secretario general para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. Este instrumento permitirá a las empresas adquirir esos derechos en un escenario de mayor equilibrio y menor riesgo. De hecho, se reiteró por parte de sus promotores que se trata de un fondo de cumplimiento y no de carácter especulativo. Hay que recordar que nuestro país es uno de los más afectados por Kioto: si bien el compromiso por parte de los países desarrollados es alcanzar en 2012 una cuota de emisiones inferior un 5 por ciento a los niveles de 1990 (Europa se ha comprometido en un 8 por ciento), nuestro país tiene que reducirlas en un 15 por ciento. Una de las herramientas que ayudará a las empresas a cumplir con estos todavía lejanos objetivos (hoy se supera la cuota en un 50 por ciento) es el mercado libre de derechos. El fondo obtendrá los suyos (para después distribuirlos entre sus inversores) de los proyectos limpios que se desarrollen en países emergentes. Está previsto que se alcance un tamaño de 100 millones de euros, de los que 50 han sido aportados por los promotores y el resto queda para que lo suscriban las empresas.