El informe sobre la reforma del Código Penal celebra que el acoso laboral sea delitoMADRID. La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial aprueba hoy un informe crítico con la reforma del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 14 de julio, ya que cuestiona uno de los aspectos principales del anteproyecto de ley como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el que se pretende luchar contra la corrupción y los delitos económicos.El CGPJ entiende que una reforma del Código Penal de tal calado debería ir acompañada de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que adaptara los procesos penales al nuevo fenómeno de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entiende que sus "peculiaridades propias" van a plantear problemas a los tribunales, para los que serán insuficientes las previsiones legales."La imposición de genuinas penas a las personas jurídicas por 'actos propios', aunque, paradójicamente, de otros sujetos, supone la vulneración de los principios de culpabilidad y de responsabilidad personal, al desvincularse completamente de la acción antijurídica y culpable del propio sujeto", dice el informe, según Ep.En cuanto a la extensión de los efectos de la pena a la persona jurídica, el informe dice que la reforma incide en el problema ya detectado en el Parlamento y por la Fiscalía General relativo a que se difumina la sanción económica, "pues la responsabilidad penal de la persona jurídica agrava su situación de víctima en aquellos casos en los que el administrador obra en contra de los intereses de la empresa".Acoso laboralEl documento, de 174 páginas, del que ha sido ponente el vocal Adolfo Prego, incluye como objetivos de la reforma "modernizar la respuesta penal frente a realidades nuevas como la manipulación genética y la biomedicina, las nuevas tecnologías, el acoso laboral o la clonación de tarjetas de crédito, y finalmente extender las alternativas a la pena de prisión". El Consejo se opone también a la introducción de nuevas penas sustitutivas de prisión como los arrestos de fin de semana, la libertad vigilada o la localización permanente. También comparte el informe la inclusión del acoso laboral como delito, puesto que "puede tener un singular valor pedagógico al enfatizar el especial grado de reproche que este tipo de comportamientos han de tener en nuestra sociedad". Sin embargo, considera "criticable" que no se incluyan entre estas acciones los supuestos de "hostigamiento psicológico" sobre funcionarios públicos o personal estatutario.