Piden que se aclare la necesidad de resolución judicial en la Ley de Conservación de DatosMADRID. Con mandato juducial. Ésta es la condición que reclamaron ayer las empresas de telecomunicaciones para ceder a la Policía información sus clientes, como prevé el anteproyecto de Ley de Conservación de Datos. Una ley que obligará a identificar a 24 millones de usuarios de móviles, de los que 16 millones utilizan tarjetas prepago y que actuamente no están identificados.El borrador de la ley, traspone la directiva comunitaria que obliga a los operadores de telefonía móvil, fija e Internet, a conservar los datos de las comunicaciones telefónicas de sus usuarios, en el marco de la lucha contra el terrorismo.La patronal Asimelec presentó ayer sus alegaciones al proyecto. Entre otras, recomienda la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 6, en el que se especifique que el Agente de la Autoridad entregará siempre al operador copia de la resolución judicial en la que se fundamenta el requerimiento.Asimelec también reclamó ayer la creación de un Fondo Nacional, con ayudas del Estado, para sufragar el coste de este sistema. Conservar los datos de las comunicaciones de los clientes supondrá, según sus cálculos, un coste anual de entre 20 y 30 millones de euros por operador. La Unión Europea estima que poner en marcha un sistema de conservación de datos a nivel internacional para una empresa de telefonía móvil puede costar unos 100 millones de euros, y unos 50 millones para mantenerla cada año. La patronal también reclama que se reduzca a 6 meses el plazo de conservación de los datos y que sólo se amplíe a 24 meses por causas extraordinarias y justificadas.