madrid. Seguro que tiene la experiencia: un día le llega una carta en la que le anuncian su inclusión en una lista de morosos por una factura olvidada de un móvil que no usa desde hace años o por una línea ADSL que lleva meses intentando cancelar. Y no es tan fácil. La única solución es pagar una deuda engordada artificialmente y cruzar los dedos para abandonar cuanto antes este listado. Pues a ese malestar generalizado ya se le puede poner un calificativo: abuso.La Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentada ayer en el Congreso de los Diputados refleja unas cifras alarmantes: un tercio de los procedimientos de infracción se produjeron en el sector tecnológico -telefonía móvil e Internet, especialmente- y más de la mitad de los casos se deben al hecho de haber incluido de forma indebida a abonados como deudores en los ficheros comunes de morosidad. Los bancos, cajas y aseguradoras también acumulan un elevado número de denuncias por esta materia, aunque la Memoria no desglosa exactamente el porcentaje.En el resto de las infracciones detectadas la causa más frecuente es la contratación fraudulenta de servicios. Es decir, la recogida de datos personales de forma engañosa, una estrategia practicada sobre todo en empresas de telefonía y de acceso a Internet.El otro dato llamativo del informe presentado ayer en el Congreso es la falta de control de los datos personales que maneja la Administración Pública. "Lo más preocupante es que el mayor porcentaje de infracciones imputadas a las administraciones públicas sean la vulneración del deber de secreto, seguida de las infracciones en materia de seguridad", explicó el director de la AEPD, José Luis Piñar, en la Comisión Constitucional.Es decir, que existe un cierto descontrol del uso de los datos personales que maneja la Administración. Aunque, en el conjunto de procedimientos sancionadores, las referidas al sector público sólo representan la séptima parte de las abiertas al sector privado.La buena noticia es que existe "una mayor cultura" por parte de las empresas, sobre todo pymes, como destacó ayer Piñar. Así lo refleja el incremento del 40 por ciento de ficheros de datos personales en el Registro General de Protección de Datos, órgano integrado en la AEPD y cuya misión es garantizar el derecho a la información de los ciudadanos a saber en qué bases de datos está y con qué finalidad. Y, en su caso, a darse de baja o a rectificar la información. Este derecho lo han ejercido unos 78.000 ciudadanos.