Pocos tribunales acatan la sentencia del TC que permite la cobertura audiovisual de juiciosmadrid. El mismo día en que los cámaras fotográficos y de televisión atosigaban a los testigos que acudían a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, sobre un asunto relacionado con el 11-M, muy lejos, en Las Palmas de Gran Canaria, jueces y periodistas no se ponían de acuerdo sobre si los juicios pueden ser cubiertos o no por cámaras de televisión.Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la 57/2004, consideró incompatible la prohibición de introducir cámaras en los tribunales con el derecho a la libertad de información. Las III Jornadas de Comunicación y Justicia, celebradas en la capital de Gran Canaria la pasada semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunieron a periodistas, magistrados y vocales de este órgano para hacer balance de la política de transparencia iniciada por este Consejo.Precisamente, los vocales del propio CGPJ mantienen posturas diferentes en este asunto. Si Adolfo Prego, vocal del sector mayoritario, se mostró radicalmente contrario a la entrada de las cámaras en los tribunales, ya que provocan una "sobreactuación de acusados y testigos" y hace que la Sala parezca "un plató de televisión", el vocal de la minoría Javier Martínez Lázaro, anunció que dirigirá una petición para que los Plenos del órgano de gobierno de los jueces sean retransmitidos por televisión y radio. Curiosamente, ambos vocales, que mantienen posturas tan diferentes, son hermanos de periodistas.Miguel Ángel de la Cruz, periodista de Antena 3, indicó que la sobreactuación en los juicios ha existido siempre, haya cámaras o no. No obstante, reconoció que la presencia de cámaras en los pasillos de los tribunales puede vulnerar derechos fundamentales de acusados y testigos. Julio Martínez Lázaro, periodista de El País, se preguntó por qué hay muchos tribunales que siguen haciendo oídos sordos a la resolución del TC que permite el acceso de las cámaras a los juicios.Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, encargado de clausurar las jornadas, propuso una reforma legislativa del secreto sumarial para adaptarlo a las necesidades de la sociedad de la información del siglo XXI y así regular el acceso de medios audiovisuales a juicios.