El sistema de control de calidad se creó en la Ley Financiera de 2002 tras el escándalo GescarteraLos últimos convenios para revisar las auditorías expiraron en febrero y aún no se han renovadomadrid. El supervisor contable en España no supervisa. ¿Omisión, dejación, negligencia? El caso es que desde hace al menos siete meses, el sistema de control establecido legalmente para vigilar la calidad de las auditorías de cuentas en España está prácticamente suspendido. Es como si la CNMV hubiera dejado de interesarse por la inmensa mayoría de los hechos relevantes o el Banco de España ya no revisara los balances de las entidades financieras.El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha dejado de renovar, sin más explicaciones, desde el 28 de febrero los contratos que venía celebrando desde 2003 con las corporaciones de auditores para supervisar el trabajo que realizan estos profesionales. En estos convenios semestrales, ahora paralizados, el ICAC elegía qué auditoras iban a ser revisadas en ese periodo y nombraba a los profesionales encargados de inspeccionarlas.Plan a seis añosEl compromiso asumido por el ICAC en su día era que cada seis años se habrían supervisado todas las pequeñas y medianas auditoras; y que cada tres años se revisaría a las que auditan a empresas cotizadas. En un caso y en otro, el control no se limitaba sólo a un trabajo de auditoría, sino que se extendía a los informes que se consideraran más siginificativos.El ICAC no ha querido comentar a elEconomista las razones de la completa paralización de este programa. Hasta el verano, había dado a entender que era una cuestión que estaba en fase de solución. Pero a día de hoy, todavía no se ha renovado ningún contrato y el control de los trabajos de auditoría sigue parado.El modelo de supervisión de las auditorías se creó a raíz del escándalo Gescartera, en la Ley Financiera de noviembre de 2002, y prevé un doble sistema de control: por una parte, el ICAC tiene potestad para revisar de oficio cualquier tipo de auditorías y además es el único organismo que puede sancionar a las auditoras. Por otra, la ley atribuye a las Corporaciones profesionales el deber de autocontrolarse. "Deberán realizar el control de calidad de los trabajos de sus miembros", señala la norma en un capítulo que modifica la Ley de Auditoría e introduce una mayor responsabilidad para estos profesionales y así dar confianza a los mercados tras una época de escándalos contables.Desde entonces, el sistema ha funcionado razonablemente bien, según los informes anuales presentados por el ICAC ante el Ministerio de Economía. Es más, se ha presentado como un modelo adelantado a las previsiones de la Octava directiva europea, aprobada recientemente, en la que se establece la creación en cada país de un organismo que se encargue de supervisar la calidad del trabajo que realizan las auditoras. Algo que interesa especialmente a las propias firmas, empeñadas en que se despejen dudas y sospechas sobre su actividad.La falta de control tampoco se puede achacar a la escasez de recursos, ya que el ICAC tiene dinero de sobra para hacer este trabajo. La Ley Financiera creó una tasa especial que se cobra por cada informe de auditoría y que se tiene que dedicar específicamente a las actividades de control de las auditoras.Hay dineroLas auditoras pagan una cuota fija de 80 euros por cada informe de auditoría emitido, o de 160 euros en el caso de que los honorarios facturados por el informe de auditoría emitido sea superior a los 30.000 euros. Una tasa que el ICAC sigue cobrando aunque el sistema de supervisión se haya interrumpido a comienzos de este año con el vencimiento del último contrato.Hasta entonces, el modelo se ha desarrollado de forma ininterrumpida desde septiembre de 2003. Las tres corporaciones de auditores -los Censores, los Economistas y los Titulados Mercantiles- son los que venían encargándose de realizar la inmensa mayoría del trabajo de supervisión por encargo del ICAC. Y, por ello, la falta de renovación de los contratos ha dejado en punto muerto prácticamente todo el sistema de control frente a las auditorías de cuentas.Directamente, el ICAC se ha hecho cargo sólo de los casos donde media una denuncia -como el de los auditores de Afinsa y Fórum Filatélico- o cuando existe una sospecha de escándalo, muchas veces a raíz de una información periodística. Estos casos gordos no superan el centenar de auditorías anuales, aproximadamente el 10 por ciento de las que se investigaban antes. El resto de los casos, de momento, está fuera de control.