Aumenta la demanda de peritos informáticos para que "aseguren las pruebas"Madrid. El ordenador del trabajo es de la empresa, pero su contenido tiene un carácter privado. El empresario, no puede espiar los correos electrónicos de sus trabajadores, protegidos por el derecho a la intimidad, según el Tribunal Constitucional. Doctrina que acaba de confirmar el Tribunal Supremo, al considerar ilegal una prueba que demostraba que el trabajador despedido utilizaba Internet para descargar pornografía. En este caso, la prueba fue obtenida por un sistema remoto de captura de la pantalla del ordenador. "Monitorizar está prohibidísimo, aunque la mayoría de las empresas todavía lo hacen. Y no se dan cuenta que así invalidan la prueba", explica Abraham Pasamar, director de Incide Winterman, una de las principales empresas de investigación pericial en Internet.No hay legislaciónEste caso demuestra que obtener la prueba para despedir a un trabajador por abusar de Internet en la oficina no es fácil. Ni existe una ley que diga cómo se hace. De ahí el auge que están experimentando los laboratorios de análisis informático como Incide o Cybex.Aunque lo primero que debe hacer una empresa, antes de encargar una investigación, es establecer una política interna de uso de Internet y del correo electrónico, en la que se especifique lo que no se puede hacer. Lo que no se prohibe, se considera permitido, según la doctrina del Tribunal Supremo. Y sólo si hay indicios de que el trabajador se salta repetidamente estas normas, se puede poner en marcha una investigación pericial.A partir de ahí, la primera recomendación de estos forenses es realizar una imagen "espejo" del disco duro o del dispositivo que se quiera analizar. La copia en sí misma no viola el derecho a la intimidad y evita que el empleado pueda destruir pruebas. Para asegurar su validez es frecuente que levanten acta ante notario y en presencia de testigos, como miembros del comité de empresa. Los investigadores pueden realizar un primer análisis de la información que servirá de base a la empresa para negociar con el trabajador su salida voluntaria. Es lo más frecuente, ya que sólo el 15 por ciento de los casos llegan a los tribunales. Si la intención fuera la de ir a juicio, los peritos recomiendan pedir cuanto antes una orden judicial para realizar un análisis a fondo de la información, incluyendo los archivos personales.