madrid. Cualquier funcionario español podrá acceder telemáticamente a los datos de los registros directamente, sin intervención del registrador, utilizando sólo su firma electrónica. La ley de Medidas de impulso de la productividad, aprobada hace menos de un año, establece este acceso directo de los servidores públicos a la mayor base de datos que existe en España, sin prever, en este caso, ningún mecanismo de control como sucede con las bases de datos comerciales.Esta ley plantea una casuística muy amplia en relación a la legislación de protección de datos personales que los registradores calificaron ayer de "muy preocupante", por el uso indiscriminado que se puede realizar de esta información.Los registradores españoles tienen la intención de trasladar esta preocupación a la directora general de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales, aprovechando su participación en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo sobre la protección de datos y los registros públicos.Los registradores piden, entre otras medidas, que se amplíe la "huella" digital que deja el funcionario con la obligación de que explique para qué va a utilizar la información, y que se establezca la obligación de informar al titular de los datos personales a los que se ha tenido acceso, así como que se reconozca el principio de consentimiento para otorgar los datos personales.