La Comunidad considera que reúne las condiciones para ser reconocida como talMadrid. Madrid sueña desde hace tiempo con convertirse en la sede mundial del arbitraje. Los beneficios de todo tipo que puede obtener la Comunidad de Madrid son innumerables. Por eso, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha comenzado una campaña para presentar a la región como "sede idónea" para el arbitraje comercial internacional. La situación geográfica, las infraestructuras o el marco legal español, son algunas de las credenciales que figuran en la carta de presentación de esta candidatura.Fuentes de PromoMadrid, empresa dependiente del Gobierno de Esperanza Aguirre, aseguran que la Comunidad reúne las condiciones "idóneas" para convertirse en sede para la resolución de conflictos mercantiles internacionales, particularmente aquellos en los que alguna de las partes pertenece a un país latinoamericano."Disponer de una lengua común, de una tradición jurídica similar y compartir una misma cultura son todas razones que favorecen esta situación", señala la empresa. Por otra parte, la región de Madrid es una de las principales inversoras en América Latina. Y es que son muchas las empresas madrileñas con negocios en esta parte del mundo.Si Madrid es reconocida como sede para arbitrar conflictos internacionales, todos los sectores económicos se verán beneficiados, según PromoMadrid. Abogados, árbitros y otros profesionales liberales pueden beneficiarse de la llegada a Madrid de arbitrajes internacionales. Pero hay otros operadores económicos que pueden beneficiarse, desde traductores e intérpretes hasta hosteleros y restauradores. La Comunidad de Madrid confía en que puede ser una nueva fuente de riqueza para la región. Rapidez y ahorroEl arbitraje comercial, junto con la mediación, son los dos sistemas alternativos para la solución de conflictos entre empresas. Proporcionan rapidez, ahorro de costes, imparcialidad y confidencialidad. Son adecuados para solucionar controversias surgidas en el ámbito del comercio internacional. Por ello, son cada vez más las empresas españolas que incluyen cláusulas arbitrales en los contratos que firman con compañías extranjeras.