madrid. Lo que parecía una operación de "mínimo peligro" acabó con el fallecimiento de una paciente ocho días después de ser intervenida en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Por este motivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la hija de la fallecida, a la que la Administración habrá de abonar 180.303,63 euros.La mujer, de 56 años, fue operada en el citado centro para serle extirpada la vesícula biliar. La operación se complicó y en los días siguientes se agravó su estado hasta que falleció. Según el Alto Tribunal, esta persona llegó al hospital a ser intervenida "en una operación de mínimo peligro" pero, sin embargo, se produjo un "daño anormal y desproporcionado a lo que comparativamente es usual en una intervención médica de esta naturaleza".El Supremo destaca que en el impreso de consentimiento de la paciente "se dejó en blanco la casilla correspondiente a los riesgos personalizados respecto de la necesidad de utilizar otra técnica o procedimiento". El consentimiento, por tanto, fue "incompleto".