Quieren que se garantice su capacidad de actuación en conflictos deontológicosMadrid. El proyecto de ley de Sociedades Profesionales que se está tramitando el Parlamento no garantiza aspectos tan básicos como la deontología profesional, el régimen de incompatibilidades o el secreto profesional. Un profesional inhabilitado por su colegio podría seguir ejerciendo a través de las nuevas sociedades profesionales. A día de hoy, nada se lo impediría.Éstas son algunas de las críticas vertidas al proyecto de ley desde la Unión Profesional (UP), que representa a 36 Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales. Su presidente, Carlos Carnicer, se ha reunido con los grupos políticos en el Congreso para tratar de introducir algunos retoques al proyecto antes de que finalice el plazo de enmiendas, el 18 de abril."La propuesta de enmiendas ha tenido buena acogida, en general, ya que están planteadas como garantía para los ciudadanos y protección del interés general", ha explicado Carnicer.IncompatibilidadesLos colegios plantean, entre otras exigencias, que las incompatibilidades personales de cada socio se extiendan al conjunto de la sociedad profesional. Y que la responsabilidad imputable por esta materia se ciña a los actos profesionales.Y, por ello, exigen un mayor control para poder intervenir cuando se aprecien situaciones de incompatibilidad profesional, especialmente en el caso de las llamadas sociedades multidisciplinares (las que realizan actividades de auditoría, consultoría y servicios jurídicos). La redacción actual del proyecto no garantiza a los colegios ninguna capacidad de actuación, sino que es el Gobierno el que deberá resolver los problemas deontológicos que causen las incompatibilidades. Algo "inaceptable" para las profesiones."De mantenerse en sus términos (el proyecto) se estaría dando el primer paso para la construcción de un sistema dual de incompatibilidades, uno para el ejercicio individual y otro para el ejercicio bajo forma societaria".Para evitar la doble deontología , UP propone una enmienda que fije un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley para que las organizaciones colegiales adopten el régimen de incompatibilidades "aplicable a las sociedades inscritas y a los socios que las integran".En cuanto al secreto profesional, UP propone que los socios no profesionales tengan limitado y, en su caso, prohibido el acceso a la documentación de los clientes.Los colegios también exigen un mayor control sobre el registro de las nuevas sociedades, previsto en el proyecto. "No es suficiente con que en la escritura de constitución de la sociedad se haga mención al colegio profesional al que pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, sino que tal cuestión debe acreditarse mediante un certificado colegial", señala Unión Profesional.