Para que la prescripción de los delitos se interrumpa hace falta una actuación materialmadrid. El proyecto de Código Penal presentado por el Gobierno duplica los plazos de prescripción de los delitos "que requieren tiempo para la investigación", en palabras del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Concretamente, se eleva de los plazos de prescripción de los delitos fiscales o contra la Seguridad Social hasta los 10 años y de 3 a 5 años en el caso de los delitos menos graves. "Los plazos actuales son un salvoconducto de impunidad para los delincuentes de cuello blanco", ha señalado López Aguilar.Además de aumentar los plazos, el Gobierno ha introducido una aclaración sobre el "punto oscuro" de la interpretación sobre la prescripción de los delitos, un asunto que ha propiciado diversos enfrentamientos recientes entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y de cuyas interpretaciones dependerá el futuro penal de Los Albertos por el caso Urbanor.Por una parte, el proyecto de reforma del Código Penal elaborado por el Gobierno exige, para la interrupción del plazo de prescripción del delito, un criterio de certidumbre: la intervención material del juez ante el que se interpone la querella. Además, amplía el propio concepto de prescripción a cualquier diligencia informativa destinada al esclarecimiento de los hechos, así como a la actuación del Ministerio Fiscal en la investigación del delito.Frente a las críticas que sitúan este cambio de doctrina en el horizonte de los Albertos, López Aguilar justificó que "por su indefinición o por la imperfección, la prescripción se ha prestado a interpretaciones contradictorias. Y eso provoca inseguridad jurídica. El problema existe y es obligación del Gobierno resolverlo".