Su mandato estará limitado a cuatro años, según el anteproyecto del GobiernoMadrid. El fiscal general del Estado no podrá ejercer su mandato por un periodo mayor de cuatro años, no podrá ser reelegido y, antes de su nombramiento por el Rey, deberá someterse a una comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Éstas son algunas de las medidas incluidas en el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Con este texto, el Gobierno pretende dotar de una mayor autonomía e independencia a la Fiscalía General del Estado, órgano que además tendrá una dotación presupuestaria singularizada.La principal modificación es el régimen de nombramiento y cese del fiscal general. Así, la persona propuesta por el Ejecutivo deberá someterse a un "examen" ante una comisión de la Cámara Baja. El anteproyecto establece una serie de causas objetivas de cese, como el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o por el fin del mandato del Gobierno que lo propuso. La reforma prevé igualmente que desaparezca el carácter discrecional del cese por parte del Ejecutivo y convertirse en un acto administrativo revisado ante los tribunales.La figura del teniente fiscal del Tribunal Supremo se consolida como la de 'número dos' del fiscal general, algo que en la práctica ya sucede. El texto del Gobierno potencia sus funciones, al prever que sea el sustituto del fiscal general en caso de ausencia.Otro de los aspectos relevantes de la reforma es la intervención de la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano asesor del fiscal general, para cualquier asunto que afecte a los miembros del Gobierno. Por otro lado, se introduce la unidad de apoyo como órgano integrado por fiscales y funcionarios, y que estará al servicio de la Fiscalía General del Estado en materia de representación institucional y relaciones con los poderes públicos. Esta unidad se encargará de las relaciones con los medios de comunicación y de la atención al ciudadano.El nuevo Estatuto actualizará la lista de delitos competencia de la Fiscalía Anticorrupción. El Gobierno contempla, además, la futura incorporación al Código Penal de los delitos de corrupción en el sector privado, para cumplir con la armonización legal con la UE.