Reprochan al Colegio de Madrid crear "alarmismo" sobre la ruptura de la JusticiaMADRID. No habrá oasis jurídico catalán, diga lo que diga el Estatuto catalán. El Colegio de Barcelona quiso ayer dejar claro, ante el "alarmismo que se está creando en la sociedad civil", que cualquier abogado de cualquier punto de España podrá ejercer en Cataluña con total libertad y sin ninguna restricción. Hable o no hable catalán. En una declaración oficial, el colegio respondió a las dos proposiciones aprobadas el pasado lunes por abrumadora mayoría en el Colegio de Abogados de Madrid en las que se valora el Estatuto catalán como una amenaza para el ejercicio de la actividad profesional.Libertad para ejercer en Cataluña"Esta nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona quiere garantizar a cualquier abogado aunque no pertenezca a nuestro colegio el libre ejercicio de su profesión en nuestra comunidad autónoma", señala la nota difundida ayer.Para visualizar esta realidad, el Colegio de Abogados de Barcelona se declara "máximo abanderado en la defensa de la profesión de la abogacía" y se pone "a disposición de cualquier abogado que vea vulnerado en el territorio catalán su derecho de defensa por razones idiomáticas o de cualquier otra índole". Como medidas concretas, el Colegio de Abogados de Barcelona pone a disposición de cualquier letrado español el amparo de su diputado de guardia (miembro del Consejo de Gobierno del Colegio), la comisión de relaciones con la administración de Justicia del propio Colegio, o el servicio de atención al colegiado, si se produce cualquier situación de discriminación.Dicho esto, el Colegio de Barcelona no deja de reprochar a sus colegas madrileños el resultado de la votación del pasado lunes. "No llamemos a las sinrazón, como ha sucedido el pasado 27 de marzo con los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid", señala la nota.El documento también echa en cara al decano de Madrid, Luis Martí, haber hecho oídos sordos a "las reiteradas conversaciones personales mantenidas con la excelentísimas Sr. Doña. Silvia Giménez Salinas, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona". Salinas pidió a Martí "mantener la máxima cautela ante este tema por ambas Juntas de Gobierno, no convirtiendo nuestras diferencias geográficas en disputas políticas ajenas a nuestra profesión", reprocha el comunicado, pese a que justifica la necesidad de mayor prudencia por encontrarse en "un momento tan crítico para la abogacía en general".