Dedicará las plusvalías a una limpieza de cara de los vetustos campusparis. EDF no sólo pone la luz en los campus franceses. El grupo eléctrico estatal va a proporcionar al Estado unos 5.000 millones de euros para financiar un ambicioso plan de renovación inmobiliaria de las universidades. Pero, aunque nadie discute el fin, ante lo necesitada que está la enseñanza superior en Francia, hay polémica sobre los medios. Ha sido dicho y hecho. El jueves pasado, el presidente Nicolas Sarkozy anunció por sorpresa la venta de un 3 por ciento de EDF para que los universitarios tengan "los campus más bellos" y puedan estudiar en "locales dignos de ese nombre". Y ayer, la ministra de Economía, Christine Lagarde, confirmó la colocación acelerada a inversores institucionales del 2,5 al 3,7 por ciento del capital de EDF. El Estado posee el 87,3 por ciento de la eléctrica y, según la ley, puede reducir su participación hasta el 70 por ciento. En estos tiempos de estrecheces presupuestarias, la tentación de recurrir a EDF es comprensible: introducida en Bolsa en 2005, la acción se ha revalorizado un 160 por ciento y el grupo, que vale ahora unos 151.000 millones de euros, ha arrebatado a la compañía petrolera Total el título de primera capitalización bursátil francesa y a la británica BP Amoco el de primera capitalización europea. Para las 85 universidades francesas, se trata de un maná tan inesperado como bienvenido. Llevan más de un mes con revueltas, huelgas estudiantiles y bloqueos, a causa de una ley que les concede mayor autonomía. ¿Privatización? La mayoría de los expertos reconocen que la reforma será beneficiosa. El único reproche que le hacen, es el no ser más ambiciosa. Para un sector como el de los estudiantes, alentado por la extrema izquierda, supone un primer paso hacia la privatización de las facultades. La revuelta ha puesto en cualquier caso de manifiesto un malestar lógico hasta cierto punto. Dejando al margen las grandes escuelas de comercio o ingeniería, la enseñanza superior es desde hace años el pariente más pobre del sistema educativo. En 2006, Francia invertía unos 6.700 euros por estudiante universitario al año, apenas un poco más que Brasil y menos que Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Alemania. Esa tacañería se refleja en facultades vetustas y destartaladas, donde una avería de la caldera puede dejar la universidad sin calefacción durante quince días en pleno mes de diciembre o donde a los alumnos se les recomienda traer de casa el papel higiénico. Pasando a cosas menos prosaicas, la tan prestigiosa Sorbona sólo contaba con un ordenador por cada 135 alumnos el año pasado. El presupuesto actual de las universidades asciende a 10.000 millones de euros y, para acallar la revuelta, el Gobierno se ha comprometido ya a aumentarlo en un 50 por ciento en cinco años, hasta alcanzar los 15.000 millones al final de la legislatura, concretando así una promesa electoral de Sarkozy. Los 5.000 millones adicionales procedentes de EDF se destinarán no sólo a modernizar las instalaciones, sino también a construir viviendas universitarias. Pero si el presidente del grupo eléctrico, Le Pierre Gadonneix, se ha alegrado de que "el éxito de la empresa pueda contribuir a la modernización de las universidades francesas", los sindicatos de EDF y la oposición de izquierda no ven con tan buenos ojos la operación. Unos reprochan al Ejecutivo que recurra a EDF como "vaca lechera" para resolver sus problemas de dinero, cuando la dirección de la eléctrica se resiste a satisfacer las reivindicaciones en materia de salarios y pensiones de sus trabajadores. Otros reconocen que el grupo de Gadonneix goza de excelente salud, pero señalan que se enfrenta a importantes gastos y desafíos, como el cierre y desmantelamiento de sus centrales actuales y el paso a los reactores de nueva generación. También se recuerda que el Gobierno se había comprometido a dedicar todo el fruto de las privatizaciones al desendeudamiento del Estado. La deuda pública francesa representa más del 64 por ciento del PIB y supera pues el techo del 60 por ciento establecido por el Pacto de estabilidad europeo.