Los técnicos denuncian carencias a pesar del Estatuto del Personal InvestigadorMADRID. Dos años después, Carmen sigue acudiendo cada mañana al mismo centro del CSIC, La Mayora, en la localidad de Vélez-Málaga. Dos años después, continúa experimentando genéticamente con plantas para mejorar su resistencia y el sabor de sus frutos. Dos años después, el día a día de esta investigadora malagueña de 26 años es el mismo, y su futuro igual de incierto.En junio de 2005 entraba en vigor de facto el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), una norma que trataba de solucionar uno de los talones de Aquiles de España: la investigación. Venía a sustituir al Estatuto del Becario (aprobado en 2003), y era el depositario de las esperanzas de los que dedican su vida a la investigación, un camino poco agradecido. Avances pero con problemas"El EPIF ha supuesto un avance notable, peor no estamos, aunque tiene problemas", reflexiona Javier Ruiz, ingeniero de Montes vizcaíno y coordinador de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), creada en 2000 y que agrupa a los jóvenes precarios, como se autodenominan. Su principal agujero negro es que deja fuera a muchos becarios, ya que sólo afecta a las becas de programas de doctorado, y existen muchas más. Cifrar el problema es complicado: la FJI asegura que 23.000 becarios de investigación malviven por los laboratorios del país -un 25 por ciento del total de los investigadores-, aunque son conscientes de que los números están desfasados. Según sus cálculos, el 50 por ciento de los artículos publicados en revistas internacionales tienen como primer firmante a un becario. Sobre los hombros de estos trabajadores de hecho pero no de derecho recae gran parte del peso de la ciencia en España.El EPIF implantó el sistema 2+2, dos años de beca y dos de contrato en prácticas, separados por la aprobación del Diploma de Estudios Avanzados, DEA. Mejoraba la situación anterior (4 años de beca), pero se alejaba de las metas de los investigadores, que aún se preguntan el porqué de las dos fases. "Cualquier empleo tiene un primer componente de formación", admite Javier, quien no cree que eso justifique dos años de beca, en los que sólo se cotiza a la Seguridad Social la base mínima para un licenciado. "El EPIF ha dificultado que algunas autonomías implanten el 0+4 (4 años de contrato)", lamenta Carmen, un sistema que ya ha adoptado Madrid -saltándose el estatuto- y que, previsiblemente, adoptará Andalucía en breve. Ésa es la pelea de los investigadores, que se les reconozca como trabajadores con todos los derechos. Con todo, el caso más sangrante es el de los posdoctorales: "Educación ha sacado una convocatoria de becas para estudios posdoctorales en el extranjero, cuando el EPIF especifica que esas becas han de convertirse obligatoriamente en contratos laborales", denuncia Javier.