El Congreso insta al Gobierno, a propuesta de CiU, a reducir las nuevas obligaciones legales en sus operaciones internasMADRID. De ahora en adelante, todo apunta a que el papeleo que realicen las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), entre una sociedad y sus socios, con el administrador o bien entre varias empresas de su mismo grupo, es decir, las conocidas como operaciones vinculadas, se simplificará en el ámbito fiscal. Así lo acordó ayer por unanimidad el Congreso de los Diputados en la Comisión de Economía y Hacienda. La voz de alarma la levantó CiU al asegurar que los costes de cumplimiento y gestión administrativa exigidos a las pymes en la Ley del Fraude (aprobada el año pasado) eran "desproporcionados".El objetivo de la proposición no de ley planteada por el grupo nacionalista insta -no obliga- al Gobierno a modificar la ley para evitar que los requerimientos fiscales exigidos a las pymes conlleven riesgos como la no materialización de determinadas operaciones, el empeoramiento del tejido productivo o supongan un freno a la productividad, según explicó el portavoz de CiU de Economía y Hacienda en el Congreso, Josep Sánchez Llibre.La fórmula fijada para conseguir este fin: reducir las obligaciones de documentación establecidas en la ley (antes de remitirla a la Administración tributaria) haciendo especial hincapié en "las pequeñas empresas que no dispongan de filiales en otros países". Según CiU, dicha información no debe solicitarse de forma generalizada, sino limitarse a "casos específicos".El grupo parlamentario socialista se unió a la propuesta de los catalanes facilitando así el visto bueno del Ejecutivo. Después, se sumaron al acuerdo el resto de fuerzas que instarán al Gobierno a atender "singularmente" la naturaleza y características de la pyme.El portavoz socialista, Carmelo Gómez, insistió en la necesidad de tener en cuenta no sólo el tamaño de la empresa, sino también "el volumen de la operación" y llamó la atención sobre un peligro: si las obligaciones son elevadas, las pymes podrían "burlar la fiscalidad" o ver una salida en la "deslocalización".Los populares se unieron al apoyo poniendo sobre la mesa que la ley actual cae en "contradicción" con el impulso necesario a la "internacionalización" de las pymes.